Bjorn Lomborg

Cuando irrumpió la pandemia del , todo el mundo necesitó comprar urgentemente equipos de protección, oxígeno y respiradores. Los países que actuaron con mayor rapidez y tomaron las mejores decisiones de gasto contaban con sistemas electrónicos de adquisición. Estos sistemas no solo ayudan en situaciones de crisis, sino que son cruciales para reducir la y ahorrarles a los gobiernos miles de millones de dólares.

La forma en que los gobiernos gastan el dinero es algo que la mayoría de nosotros rara vez tenemos en cuenta. Sin embargo, este dinero suma una fortuna. Los gobiernos son, por mucho, los mayores compradores de obras, bienes y servicios del sector privado. La contratación pública ascendió a US$11 billones en el 2019. Eso supone alrededor del 12% del PBI mundial. En los países donde vive la mitad más pobre de la población mundial, la contratación pública representa una asombrosa mitad de todo el gasto público.

La adquisición electrónica o ‘e-procurement’ acelera este importante gasto y la rapidez es crucial en crisis como la del COVID-19. En Corea del Sur, la introducción de la contratación electrónica supuso que la duración de la tramitación de las ofertas se redujera de una media de 30 horas a solo dos horas, mientras que en Argentina la duración del proceso de contratación pública se redujo en más de 11 días.

Pero la adquisición electrónica hace mucho más que permitir que los gobiernos actúen con mayor rapidez. Hace que el gasto público sea menos corrupto y más eficaz. Esto es crucial, porque la corrupción es un al año, con muy pocas respuestas. Según , el mundo está tan mal en materia de corrupción como hace una década.

Mi grupo de reflexión, el Copenhagen Consensus Center, ha identificado que la contratación pública electrónica es una política crucial para cuatro de cada diez gobiernos de bajos ingresos que aún no la han implantado. Esta forma parte de nuestro plurianual en el que trabajamos con docenas de los economistas más destacados del mundo para identificar las mejores políticas globales para acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos se extienden desde el 2016 hasta el 2030, por lo que este año nos encontramos a mitad de camino y, sin embargo, estamos fracasando en casi todos ellos. En la meta de los ODS de eliminar la corrupción, no estamos teniendo ningún progreso en absoluto.

Debido a su tamaño, la contratación pública es una de las mayores fuentes de corrupción para todos los países, por lo que la introducción de la contratación electrónica puede ser una forma increíblemente eficaz de combatir la corrupción. Además, puede acabar enriqueciendo a los países en miles de millones.

Nuestro estudio muestra que, en los 12 primeros años de diseño, construcción y mantenimiento de un sistema de contratación electrónica, los costos ascenderán en promedio a US$16,7 millones, independientemente del tamaño del país, una suma relativamente trivial en comparación con la mayoría de los presupuestos públicos.

Los beneficios son muchos, como se demostró durante la pandemia del COVID-19. La adquisición electrónica no solo acelera la capacidad de actuación de los gobiernos, sino que también aumenta el número de licitadores. El estado indio de Karnataka descubrió que el número de proveedores aumentó de 130 a 4.800 en los tres primeros años de contratación electrónica, mientras que Corea del Sur vio duplicarse el número de licitadores de 70.000 a 147.000 en el mismo período.

Disponer de sistemas transparentes y ampliamente accesibles significa que los gobiernos pueden gastar menos en publicidad para las licitaciones. El estado indio de Andhra Pradesh descubrió que podía ahorrar medio millón de dólares anuales en publicidad, mientras que el Gobierno Filipino ahorró US$9 millones anuales en anuncios en periódicos.

También hay evidencias de que la digitalización de la adjudicación implica una mejor supervisión y una mejor prestación de servicios. Un buen ejemplo es la India, donde se produjo un aumento del 12% en el grado de calidad de las carreteras tras cambiar a un sistema de contratación electrónica. Las reformas en Paraguay redujeron el porcentaje de procesos de contratación que necesitaban modificaciones, del 19% en el 2013 a solo el 3% en el 2016.

La consecuencia más obvia, inmediata y bien documentada es que la adjudicación electrónica ahorra dinero al gobierno. Nuestra investigación muestra que, en promedio, la reducción de costos en toda la contratación pública es del 6,75%. Para un país de bajos ingresos, esto significa que los beneficios en los primeros 12 años ascienden a más de US$600 millones. Por cada dólar gastado, el país de bajos ingresos obtendrá ahorros por un valor de US$38. Para los países de ingreso medio-bajo, los beneficios promedio ascienden a más de US$5.000 millones en los primeros 12 años, lo que significa que cada dólar gastado genera más de US$300 de beneficios sociales. Esto hace de la adquisición electrónica una política excepcionalmente eficaz.

Y no solo en tiempos de una pandemia como la del COVID-19 un sistema de compras electrónicas puede demostrar su valor. Contar con un sistema de contratación electrónica ayudó al gobierno de Ucrania a seguir funcionando cuando fue invadida por Rusia. Transparencia Internacional informó en marzo del 2022 que “el sistema de adquisiciones y todas las plataformas siguen funcionando” todos los días, incluso cuando gran parte del país estaba siendo atacado.

Dado que muchos países se enfrentan a nuevas amenazas en el futuro que pueden requerir un gasto a gran escala en cortos períodos de tiempo, la adquisición electrónica puede permitir a los gobiernos hacerlo de forma más rápida y eficiente, y con mucha menos corrupción. Introducir un sistema de contratación pública electrónica no solo es una forma probada de reducir el derroche y la corrupción en el gasto público, sino también de aumentar la capacidad de resistencia y estar mucho mejor preparados para los retos que se avecinan. Es una política fenomenal que todos los países deberían aplicar.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.


Bjorn Lomborg es presidente del Copenhagen Consensus Center

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