El uso criminal del derecho, por César Bazán Seminario

Aunque no es exclusivo de estos tiempos, en los últimos años han reaparecido en la escena pública bandas criminales que tienen un modo de operar común: el conocimiento experto del derecho y del funcionamiento del sistema de justicia, como principal herramienta para cometer sus delitos. Vale decir que, en lugar de adiestrarse en el uso de pistolas o técnicas de asalto, prefieren invertir en capacitarse jurídicamente y perfeccionar técnicas de corrupción e instrumentalización de jueces, fiscales, policías, etc.

En nuestro país parece haber muchos ejemplos del uso criminal del derecho. Sin embargo, quiero destacar dos: el del grupo Orellana y el del prestamista policial Francis.

Rodolfo Orellana Rengifo estudió Derecho en una reconocida universidad peruana y ejerció sus habilidades para armar una red de personas naturales y jurídicas que habría usado para fines criminales. Él y sus colaboradores echaron mano de instituciones jurídicas para apropiarse injustamente de terrenos y casas, acumular grandes cantidades de dinero de dudosa procedencia y amedrentar a periodistas. La cláusula arbitral y el arbitraje ad hoc fueron figuras utilizadas con recurrencia para sus ilícitos. Lo mismo puede decirse de la cooperativa Coopex y la usual perversión de las medidas cautelares para emitir cartas-fianza, que permitían a empresas truchas participar en licitaciones.

Este tinglado, difícil de entender para no abogados y que arruinó la vida de muchas personas, fue posible gracias a la participación de profesionales del derecho. No solo abogados, sino también ex policías, registradores públicos, jueces, entre otros. Algunos de ellos eran también profesores de Derecho en universidades. Incluso están involucrados un ex vocal supremo, un ex jefe de Registros Públicos y un ex presidente de la Corte Superior. Sería una banda compuesta principalmente por abogados.

El segundo ejemplo es el de Luis Francis Ramírez, un ex policía cuyas empresas habrían generado una estafa masiva, que alcanzó a alrededor de 3.000 efectivos policiales. De acuerdo con la información publicada, las empresas vinculadas a este suboficial prestaban dinero y el deudor firmaba un documento, que luego era validado como acta de conciliación ante uno de los tantos jueces de paz coludidos. Con ese respaldo, ya podía solicitarse el descuento por planilla del doble o el triple del valor real de la deuda. 

Las empresas de Francis y sus integrantes son ahora investigados por lavado de activos y sus cuentas en Panamá, Estados Unidos y el Perú han sido congeladas. Ellos utilizaron sus conocimientos sobre las debilidades del sistema de justicia y se encargaron de explotarlas. Como en el caso anterior, en estas operaciones participaron policías, ex policías, abogados y jueces, entre otros.

Retomo ahora lo dicho por Orellana en una entrevista radial: “Mi amigo más poderoso es el conocimiento de la ley. Yo soy un especialista, un hombre dedicado a mi actividad legal. Yo fui becado en mi universidad, tercio superior y soy un estudioso. Conozco la ley y trato de utilizar mis criterios y conocimientos para avanzar un poco más que los demás”.

Y, efectivamente, avanzó más que los demás: él y Francis cruzaron la frontera entre lo legal y lo ilegal varias veces, como lo hacen a diario muchos abogados, ya que conocen las zonas grises del derecho y los niveles de corrupción y perversión de determinadas dependencias del sistema de justicia, que les garantizarán impunidad. Si bien estos son dos casos escandalosos, evidentes, el uso criminal del derecho en nuestra sociedad es más frecuente de lo que parece y los profesionales del derecho no solemos rechazarlo con la fuerza debida.