Crónica de una helada anunciada

A un mes de empezar el invierno, Senamhi ya advirtió sobre las inminentes heladas y friajes, especialmente en las zonas altoandinas del centro y sur del país. Y como es de costumbre, se iniciará el típico ritual empezando con la declaratoria de estado de emergencia en varios departamentos y la movilización del sector público y privado para la recolección de víveres y donativos para la población en riesgo. La atención a los damnificados se intensificará a fin de menguar las devastadoras consecuencias: las enfermedades respiratorias agudas, los estragos en los cultivos, muerte del ganado y, sobre todo, la mortalidad de la población más vulnerable, especialmente niños y ancianos. Las promesas de prevención cobrarán extraordinaria fuerza, pero este ideal se desinflará al finalizar el año, cuando la helada haya desaparecido y los otros problemas apremien, empezando el ritual nuevamente el siguiente año.

Las heladas son fenómenos meteorológicos que llevan a una reducción gradual e intensa de la temperatura ambiental por debajo de los 0 °C, generando una cobertura de hielo sobre el suelo; ocurre principalmente en las zonas más altas, ubicadas a más de los 3.500 m.s.n.m. El friaje, por otro lado, es un fenómeno climático de aparición repentina fuera de estación, que disminuye la temperatura bruscamente. Está acompañado por fuertes vientos, afectando generalmente la ganadería y el agro y en muchos casos la salud de la población; mayormente fenómenos de friaje ocurren en zonas de la selva del país.

Algunos esfuerzos del Estado se orientan a la prevención de las secuelas de estos fenómenos. Se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres con la misión de identificar los riesgos y atender las situaciones de desastre. Por otro lado, desde el 2012 se aprueba anualmente el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje que incluye diferentes intervenciones sectoriales a fin de prevenir y mitigar los impactos en la población. En términos de la asignación de recursos, estos esfuerzos se plasman en diversos programas presupuestales (como el 068 Gestión de Riesgo de Desastres). Por tanto, es claro que existen instrumentos de política para la prevención de riesgos; sin embargo, todos los años declaramos estados de emergencia (aplicable solo a situaciones extraordinarias), evidenciando la escasa previsión respecto al alcance de dichos fenómenos así como una deficiente planificación de las intervenciones. Todo esto se da a pesar de que el presupuesto crece significativamente año a año, haciendo evidente la ausencia de un norte estratégico en la ejecución de los recursos.

En este aspecto, a manera de ejemplo, la asignación para la Gestión de Riesgo de Desastres (enmarcado en el Programa Presupuestal 068) de los últimos años se ha incrementado fuertemente, pasando de una asignación de S/144 millones en el 2012 a S/1.440 millones para el 2017; sin embargo, el porcentaje de ejecución del gasto apenas supera el 70% en todos los años. Para este año, de los S/1.440 millones asignados, para finales de abril solo se ha ejecutado la quinta parte, y más aun, si excluimos el gasto corriente, la ejecución en inversión para esta función apenas supera el 10% de lo programado, a pesar de que las heladas están a la vuelta de la esquina.

En conclusión, una gestión preventiva debe necesariamente partir de una identificación inicial de brechas y de un ulterior plan de cierre multianual. Es decir, cambiar la concepción de las intervenciones que representan subvenciones eventuales (como el programa de tambos, los kits de emergencia y de abrigo, etc.) y tomarlas como complementos temporales mientras se logra la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones en riesgo. Por ejemplo, asegurando el acceso a la salud, los servicios básicos, implementando programas de vacunación, reforzamiento de las viviendas rurales, proyectos innovadores como los muros solares, etc.