Cuba y EE.UU. de regreso a la política, por Dimas Castellanos

El 17 de diciembre del 2014 los presidentes de Cuba y Estados Unidos anunciaron la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas: el hecho de mayor trascendencia política en el último medio siglo cubano.

Los revolucionarios que tomaron el poder sustituyeron la Constitución vigente con unos estatutos, el primer ministro designado asumió las facultades del  jefe de Gobierno depuesto y el Consejo de Ministros sustituyó al Congreso. Se incumplió la promesa de convocar a elecciones, el poder político se concentró en el líder, la propiedad pasó a manos del Estado y la institucionalidad fue desmontada. 

En respuesta a la nacionalización de sus propiedades en Cuba en 1961 el Gobierno de Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas y tomó cuerpo  la confrontación que se mantuvo durante las administraciones norteamericanas que van de Dwight D. Eisenhower a Barack Obama. 

Como los conflictos externos tienden a desmovilizar los conflictos internos, el Gobierno Cubano utilizó el diferendo para inmovilizar a la sociedad, solapar las ineficiencias y eludir cualquier compromiso con los derechos humanos. Sin embargo, la eficacia para conservar el poder resultó intransferible a la economía. 

Raúl Castro, al ser designado presidente del Consejo de Estado en el 2008, esbozó un plan mínimo de reformas. Sin embargo, la Primera Conferencia del PCC, efectuada en el 2012, revitalizó la política expuesta por Fidel Castro en 1961, cuando en el Congreso de Cultura preguntó: “¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios?”. Y se respondió a sí mismo: “Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho... Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos”.

Las reformas, debido a su carácter tardío, limitado y contradictorio, no arrojaron el resultado esperado. La insuficiencia de los salarios, la corrupción generalizada, el descontento del pueblo y el éxodo creciente, caracterizan a un  escenario agudizado por la inminente pérdida de las subvenciones venezolanas. Pese a ello, los  factores que hicieron posible el inmovilismo fidelista fueron removidos por las reformas. En ausencia de una sociedad civil autónoma, se está gestando un consenso silencioso por el cambio.

El fracaso del fidelismo y del embargo han desembocado en el esquema clásico de los conflictos que toman el camino de la guerra para, después de grandes pérdidas humanas y materiales, arribar a la mesa de negociaciones. 

Aunque el propósito del Gobierno Cubano sea obligar a Estados Unidos a suspender el embargo sin democratizar al país, las medidas estadounidenses no responden a ese propósito. Obama no exige el restablecimiento previo de la democracia, pero lo coloca en una posición incómoda ante su pueblo y ante la comunidad internacional con medidas dirigidas al empoderamiento ciudadano como los permisos generales de viaje, el aumento del monto de las remesas o el mayor acceso a las comunicaciones.

Esas medidas implican el empoderamiento gradual del cubano y el resurgimiento de la sociedad civil; a la vez que resulta útil a los intereses estadounidenses y  proporciona una salida “decorosa” al Gobierno Cubano. La VII Cumbre de las Américas, celebrada recientemente en Panamá marcha en esa dirección a pesar de las fuertes contradicciones. 

La peculiaridad del proceso radica en que, en ausencia de una fuerza interior alternativa con capacidad para influir en los cambios, el sujeto de las reformas es el mismo que detenta el poder desde 1959, responsable de todo lo ocurrido en más de medio siglo y con intereses que defender. Ello ha determinado que el alcance, la dirección y el ritmo estén aún subordinados a lo que describió el politólogo Juan Linz como postotalitarismo, es decir, permanencia de la voluntad totalitaria, pero sin fuerzas para lograrlo. 

Lo definitivo es que ni el proceso de reformas ni el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos se pueden detener. El gobierno puede lentificar los cambios, pero no puede ni le conviene evitarlos, lo que conducirá a nuevos cambios en la medida que los cubanos recuperen la condición de ciudadanos.