¿Dar marcha atrás?, por Carlos Casas Tragodara

Desde el esfuerzo conjunto de Agenda 2014 realizado por nueve investigadores del CIUP, nuestra respuesta a si se debe retroceder en el proceso de descentralización es un rotundo no. Esto no implica que no deban darse medidas correctivas que quizá impliquen centralizar algunas funciones o establecer mecanismos de intervención cuando se generan crisis políticas o financieras en los gobiernos regionales o locales. La evidencia internacional nos muestra que estos procesos son a prueba y error y que cada cierto tiempo tiene que evaluarse cómo el proceso va cumpliendo con sus objetivos.

En este último aspecto es donde fallamos descomunalmente. Hoy en día, que cada vez más se busca que las políticas públicas se basen en evidencia empírica, lo que tenemos es que no contamos con una línea de base del proceso de descentralización. Cuando este se inició en el 2002, se tenía contemplado contar con una, pero consideraciones no técnicas determinaron que no fuera así. Por otro lado, un proceso de esta naturaleza necesita un órgano rector que supervise y se encargue del monitoreo del mismo. Desde que se inició el proceso, y conforme transcurrieron los años, los sucesivos gobiernos debilitaron al ente rector y hoy no se cuenta con ninguna capacidad de supervisión. Por ello, los problemas, cuando son muy evidentes, implican la intervención de la fiscalía, contraloría y policía, que deberían ser las últimas en intervenir. Se ha perdido toda capacidad de monitoreo y las demás instituciones del Estado (ministerios y oficinas técnicas) están muy enfocadas en el día a día y no en la supervisión constante. Por otro lado, si creía que transfiriendo todas las competencias a los gobiernos regionales terminaba el proceso de descentralización, estaba equivocado: allí recién empezaba.

Debemos entender que la descentralización es un medio para lograr mejoras en el bienestar de los ciudadanos, donde ello implica ejercer sus derechos y asumir sus responsabilidades y también obtener los bienes y servicios que brinda el Estado de manera eficiente y eficaz. Este es el debate que necesitamos. Más allá de las preferencias personales de analistas debemos someter a discusión cuáles funciones debemos descentralizar más y cuáles sería mejor recentralizarlas ahora para delegarlas más adelante o quizá no. Lo que sí es de suma importancia es contar con un organismo que supervise el proceso y cuente con el suficiente respaldo político para poder realizarlo. Creemos que la Secretaría de Descentralización de la PCM debe ser reemplazada por un organismo de mayor jerarquía en el Estado.

Si queremos fortalecer el proceso, es indispensable mejorar los niveles de autonomía financiera de municipalidades y gobiernos regionales. Para ello, debe buscarse mejorar las fuentes de recursos propios de estos niveles de gobierno. El debate ha estado centrado en las distorsiones que genera el canon y debemos solucionarlas con mejoras en su distribución, la creación de fondos de estabilización y la introducción de mecanismos compensatorios. 

En paralelo a lo anterior es necesario introducir cambios en el sistema político a escala subnacional para mejorar la transparencia y representatividad de nuestras autoridades. La agenda es muy amplia y tortuosa, pero debemos afrontarla debido a la trascendencia del proceso. Dilatar la discusión es el peor escenario posible.