Debate: ¿Capital privado en empresas eléctricas estatales?

Retomemos el debate, por Titto Almora

Presidente ejecutivo de Fonafe

En el tercer paquete de reactivación de la economía propuesto por el Ejecutivo se incluyó todo un capítulo referido a la promoción de la eficiencia mediante la participación de inversión privada en las empresas del Estado de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, que se encuentran en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). Lamentablemente, este capítulo fue retirado. En el debate se argumentó que este planteamiento implicaba una privatización y que,  además, significaría un aumento en la tarifa eléctrica que se cobra a los usuarios.

Las empresas eléctricas que pertenecen a Fonafe son 16, de las cuales 11 son distribuidoras eléctricas y 5 se dedican a la generación. En el rubro de distribución, las empresas públicas atienden a todo el país, con excepción de los departamentos de Lima e Ica, donde la distribución eléctrica es brindada por empresas privadas. En el campo de la generación, las empresas públicas representan el 22% del total de la generación eléctrica nacional. 

La propuesta fue clara al indicar que su objetivo era incorporar capital privado a través de la ampliación del capital de las empresas estatales entre un 20% y 40%, vía el mecanismo de la Bolsa de Valores. El Estado Peruano no iba a vender una sola acción; por ende, no se hubiera tratado de una privatización, ya que no se habrían vendido acciones de propiedad estatal. Lo que se pretendía era que actores privados suscriban nuevas acciones e ingresen como socios, asumiendo así los riesgos del negocio. Con esta alternativa, el Estado hubiese permanecido como accionista mayoritario y, por consiguiente, hubiese mantenido el control de la empresa, con la diferencia de que contaría con socios que inyectasen liquidez a las empresas. Dicha liquidez, como la propia norma señalaba, habría sido destinada a los proyectos de inversión de las empresas. Este capital fresco sin duda permitiría emprender más y mejores obras que repercutirían en un mejor servicio al ciudadano, que es, por supuesto, la preocupación final de la empresa y del Estado. 

El hecho de utilizar el mecanismo de la bolsa de valores tenía dos objetivos claros: garantizar la transparencia de la operación e incorporar a las empresas públicas a un régimen de mercado. Esto las obligaría a informar periódicamente a la Superintendencia del Mercado de Valores y a cumplir con los estándares de gobierno corporativo que rigen para las empresas que listan en bolsa.  

En cuanto al supuesto aumento de las tarifas eléctricas que, según los opositores a la propuesta, se originaría por la incorporación de los privados, es necesario precisar que en el sector eléctrico las tarifas son fijadas periódicamente por el Osinergmin, y que este no toma en cuenta si las empresas son públicas o privadas. El ente regulador únicamente coloca la tarifa que técnicamente corresponde. Así lo viene haciendo desde que fue creado, por lo cual, a pesar de la cantidad cada vez mayor de empresas privadas en el mercado, no ha existido un incremento tarifario desproporcionado.

Consideramos que estas medidas son fundamentales para la modernización y el fortalecimiento de las empresas eléctricas estatales. Por eso, confiamos en que el Congreso pueda discutir nuevamente este tema. Los beneficiados seríamos todos los peruanos. 

Una propuesta inviable, por Hernán de la Torre

Congresista de Gana Perú

El Ejecutivo, por iniciativa del ministro Eleodoro Mayorga, pretendió que, mediante el tercer paquete reactivador de la economía nacional, se facilite la intervención de capital privado en las empresas del Estado vinculadas al ámbito del sector eléctrico. Esto a través de la colocación de acciones en la bolsa de valores, propuesta que pone en grave riesgo los intereses del país y, obviamente, de la población. 

Resulta riesgoso para el país ya que, siendo el sector eléctrico altamente estratégico, someterlo a la dinámica propia del mundo bursátil significaría estar a expensas de intereses foráneos, que muy bien podrían utilizar estos mecanismos para generar la desestabilización económica del país. Asimismo, es riesgoso para la población debido a su alta sensibilidad social, ya que el sector energía se orienta a la atención de un servicio básico, el cual requiere una intervención eficaz y eficiente del Estado para asegurar su calidad.

Lo cierto es que nuestro país, según los datos del INEI, presenta una pobreza del 23,9% y una extrema pobreza del 4,7%, cifras que se incrementan cuando hablamos específicamente de la costa, sierra y selva rural, donde la pobreza supera en promedio el 50%. Esta situación no puede ser sometida a los vaivenes del mercado de valores, en el que, como es lógico, las empresas privadas navegan buscando los mejores puertos de inversión. 

Tampoco podemos obviar que en nuestro país aún existe una brecha considerable de atención en energía eléctrica. Según la Encuesta Nacional de Hogares del INEI, el 92,3 % de la población cuenta con energía eléctrica, de lo cual puede deducirse que aproximadamente el 8% en el Perú no cuenta con este servicio básico. Esta situación se complica cuando hablamos, por ejemplo, de la región Amazonas, donde tan solo un 72,8 % cuenta con energía eléctrica. En este escenario, colocar en la bolsa las acciones de empresas públicas vinculadas al sector energía constituye una medida desatinada, porque el Estado, en lugar de cubrir la brecha existente, desatenderá progresivamente este servicio básico, ligado a los derechos humanos. 

Por su lado, las empresas privadas no tomarían interés en reducir la brecha de atención, ya que esta implicaría atender a un sector poblacional bastante pobre, disperso y alejado de la capital, lo cual no les sería atractivo. Esto, sumado al creciente desinterés estatal, condenaría a muchas familias pobres a seguir sin acceso a energía eléctrica, como ocurre en diversas zonas del país. Por ello, considero que el proyecto, tanto respecto del interés nacional como del interés de la población, no tiene sustento valedero.

Por estas y otras razones, la población de las provincias, sus representantes, autoridades y dirigentes expresaron al unísono su desacuerdo con la propuesta. Refirieron con bastante claridad que la voluntad popular es que las empresas estratégicas, entre ellas las que directamente están relacionadas con la prestación de servicios básicos, se mantengan bajo titularidad del Estado, lo que no impide que ingresen en un serio, profundo y efectivo proceso de modernización que les permita poder entrelazar calidad con sensibilidad social.