Debate: ¿Debe aprobarse la figura de la “curul vacía”?

Los bandidos sin silla, por Omar Chehade

Congresista de la República

Hace pocos días se aprobó en la Comisión de Constitución del Parlamento un proyecto de ley de urgente necesidad sobre el “escaño vacío” en el que se sanciona no solo al congresista por autoría o nexos con el narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, sino principalmente a la organización política que los llevó en su lista como candidatos al Poder Legislativo, para que, luego del desafuero congresal, estén impedidos también los accesitarios de reemplazar la curul dejada por el parlamentario desaforado.

De 1982 a 1984, Colombia ya había tenido una dolorosa experiencia con la presencia de Pablo Escobar Gaviria como congresista suplente en su Asamblea Legislativa, nefasto narcotraficante y criminal histórico, quien, a través del cártel de Medellín, infectó la política y convirtió a Colombia en un narco-Estado. Asimismo, el cártel de Cali, con la actuación de los hermanos Rodríguez Orejuela, tampoco se queda a la zaga. Este se infiltró en las instituciones, e incluso financió campañas, como la del ex presidente Ernesto Samper.

Como consecuencia de todo ello, en la Constitución colombiana de 1991 se insertaron dos reformas trascendentales. La primera fue la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la siguiente fue justamente la de la “silla vacía” (o curul vacía) en el Congreso Nacional.

Creemos que más allá de imperfecciones técnicas de orden constitucional que deberían necesariamente ser afinadas en la discusión del pleno parlamentario, es urgente e imperativa la aprobación de este proyecto de reforma constitucional para sancionar a los bandidos que se infiltran en las agrupaciones y en la política en general. Así estrecharíamos el cerco al tráfico de drogas y sus derivados y, al mismo tiempo, obligaríamos a los partidos y movimientos políticos a esmerarse en estudiar minuciosamente la elección de sus candidatos al Congreso y a formar verdaderos cuadros políticos, afianzando la vida partidaria y las academias nacionales de política.

Todo esto constituye parte de la vital reforma política del Estado que busca fortalecer las instituciones democráticas del Perú, como el proyecto de reforma a la ley de partidos políticos, la no reelección de alcaldes y presidentes regionales, la reinstauración del Senado de la República, la sanción al transfuguismo parlamentario y la formación del distrito electoral 27, que representará a nuestra diáspora.

Nos alegra que nuestro Poder Legislativo empiece a ponerse a la altura de la agenda política legislativa e institucional del país. Como lo sostenemos hace mucho tiempo en foros, conferencias, entrevistas, artículos y discursos en el pleno, el desarrollo requiere que las instituciones políticas sean reformadas para garantizar el crecimiento económico, la viabilidad y gobernabilidad de nuestro sistema democrático. La ciudadanía debe recuperar la confianza en sus instituciones y los partidos políticos, entes encargados de canalizar la voluntad popular, para hacer posible la representación de las expectativas y derechos ciudadanos y la transparencia en su ejercicio.

Evitemos la subrepresentación, por Juan Carlos Eguren

Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de la República

La Comisión de Constitución aprobó esta semana un proyecto de ley que establece que cuando un congresista es destituido en el cargo por tener condena judicial firme por los delitos de tráfico ilícito de drogas o lavado de activos, su partido político o su alianza partidaria también es sancionado. ¿Cómo? Pues no permitiéndosele cubrir el vacío dejado por el congresista destituido con un reemplazo, y estableciendo así que también el propio partido pierda el escaño durante el resto del período parlamentario.

Aunque resulta correcto que se destituya a un congresista condenado por este tipo de delitos, lo cierto es que consideramos que no debería proceder el esquema de la “curul vacía”. La razón por la que creemos esto es que esta medida lamentablemente significaría debilitar la institución de la representación nacional, lo cual sería una mala señal para nuestra frágil y joven democracia.

En efecto, dejar la curul vacía, además, significaría necesariamente restarle representación a una región del país. En algunos casos, esto sería incluso dejarla sin representación alguna. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, que solo tiene un congresista, si este es destituido y no puede ser reemplazado? Y no es que actualmente la representación nacional sea muy fuerte en nuestro sistema democrático. Actualmente, tenemos un reducido número de congresistas por cantidad de habitantes: un congresista representa a 238.461 habitantes. Por otro lado, no es que lo anterior se pueda balancear aumentando el número de legisladores; después de todo, esto sería sumamente complicado debido a que un sector mayoritario de la opinión pública se opone a ello.

Las regiones no tienen por qué verse afectadas por el mal accionar de uno de sus congresistas al ver reducida su posibilidad de ser representados. Eso sería injusto y dejaría un sinsabor entre la población afectada.

Frente a este panorama, proponemos que el congresista destituido sea reemplazado por el candidato que, sin haber conseguido ser elegido, alcanzó la mayor votación del partido o alianza electoral que ocupó el segundo lugar en el proceso electoral. Así se consigue castigar tanto al congresista infractor con su destitución como al partido o alianza electoral que no fue capaz de realizar una adecuada selección de sus aspirantes. Todo esto logrando asegurar lo más importante: que no se reste representación a la región del congresista destituido.

Promover una mejor representación congresal es una tarea primordial y en la cual debemos estar comprometidos todos los actores políticos. En tal sentido, creemos que hay que acelerar el debate pendiente respecto de las reformas del sistema electoral y organizaciones políticas, base de todo sistema democrático. Partidos fuertes garantizan una democracia sólida.

No dejemos pasar esta oportunidad, más aun cuando las elecciones generales del 2016 están a la vuelta de la esquina. Destitución de malos congresistas sí, pero sin restar representación a los departamentos por los cuales fueron elegidos.