Debate: ¿Se debe prohibir la reelección inmediata?

Reforma sí, maquillaje no

Pedro Tenorio / Analista político

El Congreso aprobó en primera votación una reforma de la Constitución por la cual se prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y presidentes regionales, y ante ello una parte del país celebra alborozada, comenzando por el presidente Ollanta Humala. 

Se dice que, con esta medida, la corrupción que tanto afecta al ejercicio de la política tiene los días contados. Sin embargo, no se necesita ser muy perspicaz para comprender que, más allá de las apariencias, el Congreso –con 97 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones– lo único que está haciendo aquí es vernos la cara de tontos. Lo afirmo por lo siguiente:

Primero, porque nada asegura que quien es corrupto y llega como tal a una alcaldía o presidencia regional aguardará pacientemente a ser reelegido para, recién entonces, asaltar el erario y robar fondos públicos. En cambio, se castiga al buen servidor que, en mérito de una gestión considerada positiva por sus conciudadanos, podría obtener un segundo mandato en las urnas.

Segundo, porque devalúa la experiencia que las autoridades de escala municipal y regional deberían atesorar como su principal activo político. ¿Será consciente el Parlamento de que lo único que logra con esta prohibición es consagrar un incentivo perverso que le corta la viada a los buenos gestores que, dicho sea de paso, escasean tanto en el país?

Y tercero, porque el principal reto de toda reforma seria está en desechar cualquier maquillaje y ponerle el cascabel al gato; es decir, afinar los mecanismos de control previos para que los partidos elijan democráticamente a sus candidatos y purguen a los corruptos, así como fortalecer instancias de control de la gestión que complementen a la contraloría. Allí radica el verdadero reto para adecentar la política. Lo demás son pamplinas.

Entonces, si lo que se quiere es salvar la política de las fauces de la corrupción, el debate debe centrarse más en cómo se financian los partidos y sus campañas y no en si se deberían reelegir sus representantes. Como bien acota Fernando Tuesta a esta discusión, de 100 autoridades regionales que intentaron repetir el plato entre el 2002 y el 2014, ¡solo lo lograron 12! Por lo tanto, este no es el problema. Así, cuando usted observa el millonario despliegue publicitario de tantos aspirantes en su distrito, provincia o región, y ello no guarda proporción alguna con los ingresos que durante cuatro años obtendrán en el ejercicio honesto del cargo, ¿no hay acaso una enorme pieza que no encaja en el rompecabezas? ¿Y será posible que los propios partidos no lo sepan?

El Congreso ha optado por una salida cosmética, porque, si lo medular fuera la reelección inmediata, bastaría con permitirla por un solo período (con un retiro de cuatro años si se quiere postular nuevamente) para equilibrar la balanza y evitar esas “autoridades perpetuas” que, como se ha visto, se prodigan en distintos tipos de corrupción.

Ojalá que a partir de la segunda votación sean el sentido común y la necesidad de una reforma de fondo lo que prevalezca. El país no está –y menos los partidos, aunque se resistan a aceptarlo– para perder más tiempo con tan burdo maquillaje.

El primer paso

Francisco Távara / Presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

El jueves 23 de octubre, el pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación la no reelección de los presidentes –ahora llamados gobernadores– regionales y de los alcaldes. Al tratarse de una reforma constitucional, aún debe pasar por una segunda votación en la próxima legislatura, que requiere el voto favorable de no menos de 87 congresistas.

Es una medida que saludamos, pero, para ser realmente eficaz, debe formar parte de una propuesta integral, la cual permitirá construir una legislación que brinde mayores mecanismos para que todos los poderes públicos y organismos privados puedan actuar adecuadamente. Sería un error entender que impedir la reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes es la solución a todos los males del sistema político, y no una medida más que debe formar parte de una estrategia más amplia para modificar estructuralmente el funcionamiento del Estado en general, y del sistema político y electoral en particular. 

Este impedimento de reelección que, por lo demás, es solo por el período inmediato (y no una prohibición indefinida) puede promover una nueva práctica en los partidos políticos: alternar en el poder a quienes encabezan sus listas de candidatos. La reelección es, finalmente, personalizar el liderazgo partidario, y no contribuye a fortalecer a las organizaciones políticas y a sus programas políticos. Lo que distinguirá a los gobernantes democráticos de los que no lo son serán, además de las normas que condicionan cómo los primeros llegan al poder, las prácticas que los hacen responsables de sus acciones frente a los gobernados.

Asimismo, estos cambios deben venir acompañados por una voluntad sostenida de modificar temas que van mucho más allá de los electorales, como brindar mayores herramientas a los sistemas de control, al Ministerio Público, al Poder Judicial. Para ello, los objetivos comunes de la reforma deben ser evitar la corrupción, impedir el ingreso de fondos ilícitos en la política o en el Estado, y reforzar la institucionalidad estatal y de las organizaciones políticas. 

Ahora bien, los 97 votos obtenidos para aprobar el proyecto son producto del arribo a consensos políticos importantes al interior del Congreso de la República, lo cual debe resaltarse siempre como señal de institucionalidad, sobre todo si requerimos justamente de este consenso para la reforma.

Esta modificación debe ser, entonces, solo una primera demostración de esta voluntad política, a la que ha invocado de manera sostenida y comprometida el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), incluso desde el 2011 con la presentación del proyecto de código electoral, y, posteriormente, con los demás organismos electorales, con la presentación de los proyectos para la aprobación de una nueva ley de partidos políticos y una nueva ley de los derechos de participación y control ciudadanos.

En suma, prohibir la reelección es una muestra inicial del esfuerzo que esperamos el Congreso esté dispuesto a emprender para lograr la reforma política y electoral que nos lleve, en un futuro no muy lejano, a tener un código electoral, como tantos otros países latinoamericanos.