Debate: ¿Debemos inafectar las gratificaciones?

A FAVOR

Por la eliminación

- Luis Galarreta -

Congresista de la República

Más allá de la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por principio, por derecho y por sentido común, deben eliminarse los descuentos a las gratificaciones.

Para los casi 3,2 millones de trabajadores que abarca la materia, las gratificaciones en nuestra legislación son ingresos adicionales a las 12 remuneraciones (por lo que sí son consideradas para el cálculo de Impuesto a la Renta) que se asignan en dos fechas específicas (Fiestas Patrias y Navidad, de ahí su propio nombre) y cuyo espíritu es dotar al trabajador de recursos adicionales para su disfrute en las fechas respectivas.

Es justificable que a mayor ingreso (dos gratificaciones) corresponde mayor renta (cálculo de impuesto anual), pero no existe ningún argumento jurídico, ni económico y menos moral para que al trabajador se le descuente dos veces por aportaciones en salud y pensiones.

El gobierno dice que desfinanciaría el sistema de Essalud (sin mencionar que hace cinco años venimos sin doble descuento). Es decir, nos plantean que indistintamente a la naturaleza de la gratificación, al objeto y razón de ser de dichos fondos, los trabajadores asuman la ineficiencia y parcialización del Estado en calcular un aporte mensual menor para el empleador al asumir que al año tiene 14 meses. El principio de una contribución se fundamenta en una prestación potencial, pagar el doble por un mismo período rompe dicho principio.

El gobierno dice que afectaría las pensiones; sin embargo, los trabajadores aportan los 12 meses del año. Siguiendo con la definición y razón de ser de las gratificaciones, debe ser el propio trabajador quien, si desea ampliar su capital en la administradora de fondo de pensiones (AFP), aporte el porcentaje que desee de su gratificación. Sin mencionar que en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) resulta peor, pues esos dos aportes adicionales no servirán de nada para completar los 20 años que se requieren para jubilarse. 

Además, el sentido común nos dice que la economía del país se viene desacelerando, es decir, hay menos inversión privada y pública y, como consecuencia, menos puestos de trabajo y menos personas que salen de la pobreza. Inyectar 1.700 millones de soles anualmente a la economía resulta positivo y más en la microeconomía familiar. 

El MEF se ha pronunciado de manera reiterada en contra de prorrogar la desafectación que venció el 31 de diciembre del 2014. Sin embargo, recientemente ha “variado” su opinión. Es decir, durante más de tres años para esta cartera no era conveniente prorrogar la inafectación, pero a partir del 29 de abril si lo es (fecha de presentación del proyecto de ley 4465/2014-CR, cuyo autor es el Poder Ejecutivo). ¿Por qué ahora sí es conveniente?

Lo real y concreto es que en ninguna parte del mundo se paga doble por un mismo servicio y sobre las pensiones no se exhibe siquiera un atisbo de cálculo del supuesto deterioro en las de los trabajadores.

Es momento de inafectar las gratificaciones de manera permanente, de confiar en los trabajadores como los mejores administradores de su dinero, de medidas claras y de largo plazo. Prorrogarlo un año, como plantea el gobierno, es populismo puro, pues si aceptan los fundamentos no tiene sentido la temporalidad, salvo que estén esperando el próximo año electoral.

EN CONTRA

Recuperar instrumentos 

- Carlos Casas Tragodara -

Profesor principal de la Universidad del Pacífico

El Poder Ejecutivo propondrá ampliar la exoneración de las gratificaciones de julio y diciembre a los descuentos de ley que se realizan de manera usual. Recordemos que esta medida se dio como temporal en el 2009 en medio de un programa de estímulo económico que buscaba revertir los efectos de la crisis económica internacional desatada ese año. Esta iniciativa nació como fruto de una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo de ese entonces. 

El propósito era incrementar el ingreso disponible de las personas en julio y diciembre para que el gasto privado se reactivara. Durante dicho año estuvimos técnicamente en recesión, pues durante dos trimestres seguidos del año la producción cayó. El resultado final fue que el PBI creció 0,9% en el 2009 y evitamos un crecimiento negativo como ocurrió con muchos países de la región. Sin embargo, durante los años siguientes las condiciones extraordinarias adversas desaparecieron, pero la medida quedó debido a que el Congreso fue extendiendo la exoneración por cálculo político. Una vez más lo transitorio estaba en camino de convertirse en permanente. 

Este es un problema constante en nuestro país que resta seriedad a la política económica. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nunca ha estado de acuerdo con esta exoneración, lo que quizá hace más atractivo a muchos congresistas votar a favor de este tipo de medidas. Un efecto adverso que trae la exoneración se asocia con el financiamiento de Essalud, cuya contribución no se paga, lo que genera demandas de la institución para mantener la provisión del servicio. Ante estas necesidades, Essalud requiere una compensación. ¿A quién pide los recursos? La respuesta es al MEF, obviamente, que negocia y termina compensando esta caída de recursos con dinero del presupuesto nacional. Dinero que es de todos los peruanos. Así, todos terminan pagando el subsidio de una parte de la población, lo cual no es equitativo. 

Por otro lado, un rasgo deseable de la política fiscal es que tenga mecanismos efectivos para combatir los efectos nocivos del ciclo económico cuando se necesite (en épocas de crisis). Si introducimos rigideces haciendo permanente lo transitorio, las armas para combatir una crisis se van reduciendo. 

Otro de los aspectos que se cuestionan desde el punto de vista conceptual es que la reducción de tributos tiene un menor efecto sobre la economía que un aumento de los gastos. El atractivo de la medida de las gratificaciones es que genera un aumento inmediato de los ingresos de las personas que las reciben. Sin embargo, debemos recordar que solo un 25% de la población empleada se beneficia de las gratificaciones porque los informales no lo hacen. La efectividad, por tanto, es limitada. 

Ahora el crecimiento económico se ha desacelerado y el MEF ha sido el que ha propuesto prorrogar el statu quo por solo un año debido a que se requiere dinamizar la economía. La idea es que cuando la economía recobre una senda de crecimiento sostenido dicha exoneración se elimine. Creo que ello es correcto debido a que una vez que pasa la tormenta es necesario recuperar el poder de la política económica recargando las armas con que se cuenta para hacer política contracíclica, la cual es responsabilidad del MEF.