La defensa del malecón, por Jorge Muñoz Wells

Existe consenso en señalar que las competencias de las instituciones vinculadas al Proyecto Costa Verde deben ser revisadas y reformadas para asegurar un mejor funcionamiento de dicha instancia de gestión para un espacio fundamental de la ciudad de Lima. Ella fue una de las conclusiones a las que llegamos los actores involucrados en la Mesa Redonda convocada por El Comercio el 24 de enero del 2014, en la cual el presidente del Proyecto Costa Verde, Gustavo D’Angelo, señaló la necesidad de escuchar todas las voces para mejorar dicho espacio.

Sin embargo, tres meses después, y sin que todas las voces fuesen escuchadas, un congresista del Frente Amplio presentó un proyecto de ley por medio del cual se busca que la Municipalidad Metropolitana de Lima sea dueña de la Costa Verde. Lo desconcertante de la propuesta es que el proyecto busca darle la propiedad también de los terrenos de los malecones de los cinco distritos presentes en el litoral. 

De aprobarse, nos encontraríamos claramente con un caso de inconstitucionalidad, pues se trata de una norma confiscatoria, al quitarle una serie de bienes a las municipalidades distritales. En el caso de Miraflores, por ejemplo, se estaría quitando la propiedad del estadio Niño Héroe Manuel Bonilla, del Complejo Deportivo Chino Vásquez, del Centro Promotor de Tenis e incluso del Centro Comercial Larcomar (concesionado a un privado, pero de propiedad edil). Asimismo, el proyecto también es inconstitucional al ir en contra de la seguridad jurídica, pues permite que se revisen todas las licencias dadas 20 años hacia atrás, sin respetar el marco normativo existente.

Esta iniciativa nunca fue objeto de discusión en la Autoridad del Proyecto Costa Verde, en la que nos encontramos representados los alcaldes distritales con presencia en la mencionada zona, así como la Municipalidad Metropolitana de Lima. La información sobre su existencia vino por los medios de prensa y la página web del Congreso.

Habría sido positivo que este proyecto de ley por lo menos hubiese sido presentado por el ente que lo promueve en los medios de comunicación: la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual cuenta con la competencia constitucional para presentar directamente iniciativas legislativas al Congreso. Sin embargo, ello hubiese significado tener que ponerlo a discusión en el concejo metropolitano, en el que tendría que haber sido aprobado por una mayoría de regidores para recién pasar al Parlamento. 

Lamentablemente, ello no fue así. Al presentar la reforma a través de un congresista, esta iniciativa parte sin contar con la opinión de dos espacios de discusión fundamentales para la toma de decisiones sobre la Costa Verde: la Autoridad del Proyecto Costa Verde y el Concejo Metropolitano.

¿No es mejor consensuar un proyecto de esta magnitud y escuchar todas las voces antes de intentar imponerlo contra el reloj, en pleno inicio de la campaña electoral? En especial cuando los resultados traerían una clara inconstitucionalidad y podrían generar inseguridad jurídica para las inversiones en la ciudad.