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La encuesta nacional urbano-rural de Ipsos (junio 2023) nos muestra un ángulo preocupante de la inseguridad. Solo sumando la victimización por robo (en la calle, vivienda o vía electrónica), con aquella por extorsión (chantaje y cobro de cupos), estamos en un vertiginoso ritmo que supera los 931.000 eventos por mes, lo que equivaldría a más de 1.290 delitos por hora. Casi podemos hacer la analogía con la velocidad del sonido, que se desplaza a 1.234,8 km/h.
Si consideramos otros delitos en crecimiento, como estafa, secuestros (clásicos o al paso), sicariato, agresiones sexuales, feminicidios y violencia familiar, la percepción de inseguridad alcanza el 88,2% en Lima y 83,6% a nivel nacional (INEI, febrero 2023).
En Lima, el hecho de que casi 9 de diez ciudadanos teman ser víctimas de la inseguridad, puede explicarse porque el 16% de la población mayor de 15 años ha sido asaltada con un arma de fuego. Eso equivale a más de 1′304.000 limeños que, en un año, han sido amenazados con armamento letal, superando los índices del 2022 y el 2021.
Lamentablemente, en esa línea, el informe del INEI también establece que está disminuyendo la vigilancia de la policía. Así, a nivel nacional, solo el 25,6% de los ciudadanos considera que hay vigilancia policial en su barrio. Y, cuando un territorio es abandonado por las fuerzas del orden, inmediatamente la criminalidad ocupa el lugar. Eso explica, entre otras razones, el incremento de muertes por encargo, pues los delincuentes se están enfrentando para controlar el territorio y la actividad criminal.
En este panorama poco pueden hacer los serenos. Su rol es disuasivo y preventivo, de recopilación de información, de asistencia al ciudadano y de apoyo a la policía. No tienen por qué constituirse en la primera línea de defensa frente a la criminalidad. Esa es una función policial.
A los alcaldes les corresponde el manejo político de la seguridad, coordinar con los operadores de justicia de su distrito, analizar la información acopiada, establecer zonas y modalidades delictivas, generar indicadores para disminuir la delincuencia, designar a quienes deben lograrlo, evaluar su cumplimiento y exigirle resultados a la policía y al Ministerio del Interior (Mininter). Son también responsables de programar y ejecutar las adquisiciones e inversiones para facilitar la labor policial y una respuesta rápida ante a la inseguridad.
La mayoría de las iniciativas para frenar la delincuencia que hemos visto desde los gobiernos locales y el Congreso pretenden hacernos creer que se están haciendo cargo del problema. Es una falsa narrativa “para calmar la duda que tormentosa crece”. Mientras tanto, el Ejecutivo, el verdadero responsable, pareciera carecer de ideas para asumir lo que le corresponde.
Van algunas al respecto:
1) Responder al desborde de la criminalidad con decretos de urgencia que permitan procedimientos simplificados y contrataciones directas para alquilar más vehículos para reforzar la investigación criminal y el patrullaje del territorio a recuperar; adquirir radios con GPS que permitan la comunicación oportuna, ubicación y seguimiento de los efectivos policiales; tercerizar el equipamiento informático y el servicio de Internet de banda ancha; y mejorar la infraestructura y mantenimiento de los Departamentos de Investigación Criminal y las comisarías.
2) Llevar el 105 hacia un moderno centro de comando, control, comunicaciones y cómputo (que podría denominarse C4) inteligente. El proyecto está listo desde el 2017 y con mucho interés de la banca multilateral para financiarlo. Tomaría un año prepararlo y articularía todos los serenazgos, policía, bomberos y ambulancias de Lima. Permitiría la respuesta rápida. Crecería en el mediano plazo al resto del país. Con esta y la medida anterior, controlaríamos el territorio que hoy manejan los delincuentes.
3) Convocar al sector privado. En el Perú, hay más de S/15 mil doscientos millones en certificados de inversión pública por ejecutar. Muchos de estos fondos disponibles son de interés de las empresas que requieren de entornos seguros para sus inversiones. El MEF debe comprometerse a enviar cuadros técnicos para ello. Mientras, Servir puede apoyar con gerentes públicos la gestión del sector Interior. Asimismo, a través de obras por impuestos podemos financiar infraestructura y equipamiento para la seguridad, que incluyan comisarías orientadas al ciudadano y mejores escuelas de formación policial.
Mucho más puede y debe hacerse. Ahora se requiere de decisión política al más alto nivel y proporcionar, ante la urgencia, facilidades de gestión, con participación concurrente de la Contraloría General de la República.
En el corto plazo hay otros problemas que tendrán que abordarse, como la lucha contra la corrupción y el crecimiento de las economías criminales. Estas economías movilizan más de US$7 mil millones al año, superando la sumatoria de presupuestos anuales asignados al Mininter, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
No olvidemos que la corrupción y el crimen organizado establecen sinergias con la criminalidad común. No permitamos que sigan avanzando y nos desborden.
