(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Laura Balbuena

Una adolescente de 17 años denuncia que fue violada en Los Olivos por dos hombres que la drogaron y abusaron de ella. En Arequipa, una niña de 12 denuncia que su padre le tocaba los senos desde los 5 años y que desde los 9 abusaba de ella contra natura. En ambos casos, los abusadores se encuentran libres, pues la palabra de ambas víctimas –e incluso las pruebas médicas– son insuficientes para quienes deciden sobre el futuro de estas menores. 

Las dos víctimas son sobrevivientes, pueden volver a narrar los hechos, señalar al culpable, exigir justicia. Jimena, una niña de 11 que fue raptada en una bicicleta saliendo de sus vacaciones útiles, no sobrevivió. Su cuerpo fue encontrado estrangulado, violado y quemado en San Juan de Lurigancho.  

César Alva Mendoza, su confeso violador y asesino, ya habría abusado con anterioridad de dos mujeres. Otra niña de 11, al ver el rostro de Alva en la televisión, rompió a llorar y contó a su madre que él había intentado raptarla anteriormente. ¿A cuántas otras niñas habrá llevado este hombre en su bicicleta? Susy y María, presuntas víctimas de Alva, lo habrían denunciado en su momento; pero sus denuncias no procedieron. Si hubieran procedido, Jimena estaría disfrutando de su verano con el resto de sus amigos.  

En el 2016, los jóvenes que violaron a una adolescente en una fiesta en Ayacucho, que murió a consecuencia de la violencia sexual que ejercieron contra ella, tenían una denuncia anterior por violación sexual que tampoco procedió. Ella también estaría viva de haber habido justicia cuando fueron denunciados por primera vez. 

La impunidad de la que gozan los agresores sexuales en nuestro país es el mejor aliado que existe para la violencia sexual. Y esta se da en varios niveles. ¿Cómo luchar contra ella? 

Primero, se necesita una capacitación y sensibilización en temas de género para médicos legistas, jueces, fiscales y policías. Toda víctima necesita ser tratada con respeto y empatía en todas las etapas de su denuncia. Que acercarse a denunciar no signifique una segunda violación ni un vía crucis.  

Segundo, que esta denuncia pueda hacerse sin importar el tiempo que haya pasado. Los delitos sexuales no deberían prescribir. Muchos sobrevivientes no encuentran el valor de denunciar hasta varias décadas después de ocurrido el hecho, cuando son emocionalmente fuertes como para por fin hablar de lo que les pasó (como en los recientes casos del Sodalicio o del colegio Héctor de Cárdenas). La prescripción de los delitos más graves en nuestro país se da a los 30 años de ocurrido el hecho. 

Tercero, debe aprobarse el proyecto de ley que crea un registro único de agresores sexuales de acceso público para que ningún perpetrador pueda trabajar con niños otra vez, ni residir cerca de colegios o nidos. Solo en lo que va del año, han ocurrido 1.154 denuncias de violación sexual, 69% de ellas a menores de edad.  

Cuarto, es urgente empoderar a nuestra niñez a través de una educación con enfoque de género que les hable de manera clara sobre sexualidad y el cuidado de su cuerpo. Así los niños pueden tomar conciencia más rápidamente de los actos que pueden hacerles daño y pedir ayuda a una persona adulta responsable. 

Por último, debemos recordar que, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la mayoría de la violencia sexual ocurre dentro del hogar y es perpetrada en un porcentaje muy alto contra menores de edad. ¿Qué espacios de denuncia les estamos dando a estos niños que deben acusar a sus padres, tíos, abuelos, primos, hermanos de violencia sexual y que sienten que están “destruyendo” su hogar? La carga psicológica para una víctima de violencia sexual por parte de un familiar o conocido es muy grande. Es necesario mirarnos como sociedad y ver qué estamos haciendo para que estas víctimas puedan hablar, puedan sentirse seguras y para que sus perpetradores no sigan impunes.  

Que la indignación que sentimos por Jimena y por todas las otras niñas que han muerto de esta manera tan violenta nos lleve a un cambio radical en favor de la protección de nuestra niñez.