Natalia Manso Álvarez

Cuando te diagnostican una enfermedad que requiere una operación quirúrgica, el médico te explica los riesgos que asumes y las probabilidades de éxito en base a datos científicos y su propia experiencia profesional. Como paciente, evalúas beneficios, riesgos y costes, y decides si te operas o no. En caso positivo, firmas el denominado “consentimiento informado”. A partir de ahí, asumes la responsabilidad de tu decisión y te pones en manos del sistema de salud.

Cuando las víctimas denuncian familiar, acuden mayoritariamente a una comisaría o un Centro Emergencia Mujer (CEM). También se pueden interporner en juzgados de paz, juzgados de familia y fiscalías. Todos ellos son canales válidos para la recepción de una denuncia bajo la ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Encontrar datos consolidados del total de denuncias ingresadas en el Perú, independientemente del canal de entrada y su recorrido, ha sido una tarea imposible, pero, en cualquier caso, sí puedo compartirles algunas cifras publicadas por cada institución respecto del 2021, y que incluyen violencia sexual, física, psicológica y otras: 240.875 denuncias por violencia familiar reportadas por el Ministerio del Interior (Mininter); 163.797 denuncias registradas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), 323.525 denuncias ante el Poder Judicial, y 167.414 denuncias presentadas por las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar del Ministerio Público.

Las estadísticas de las formas más cruentas de violencia, como feminicidios y violencia física y sexual, son conocidas. Sin embargo, la mitad de las denuncias por violencia en el Perú son por violencia psicológica, la cual es considerada por algunos expertos como la que conlleva secuelas de más larga duración.

La violencia psicológica ha supuesto el 52% de las denuncias registradas por el Mininter y el 46% de las atendidas por los CEM en el 2021.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha sido de nuevo una retaíla de cifras de denuncias comparadas con años anteriores, las cuales justificarán varios llamados a aumentar el presupuesto de los entes del sistema de atención a las víctimas.

Ahora bien, ¿dónde está el enfoque a resultados? Tal parece que la meta es batir el récord de denuncias año tras año, mas no romper la imperante cultura de la impunidad. Las líneas comunicacionales del Estado apuntan a promover, como debe ser, el aumento de denuncias, pues es evidente que para romper la cultura de la violencia machista se necesita alzar la voz. No obstante, se está obviando el hecho de que esas denuncias, en especial las de violencia psicológica, no generan apenas ningún resultado. De hecho, las oficinas estadísticas del Poder Judicial, en el Ministerio Público o el MIMP, no recaban estos indicadores para medir los resultados, estando enfocados solo en el número de denuncias.

Para dar sustento de esta afirmación, tan cruel como real, he solicitado a través de los portales de transparencia el número de denuncias y sentencias condenatorias por violencia psicológica. La respuesta por parte del Poder Judicial ha sido que no cuenta con estadísticas sobre sentencias por violencia psicológica. Perturbador conocer que no recaban el dato a pesar de que afirman estar implementando el enfoque de género. Por su parte, el MIMP ha atendido 75.894 denuncias por violencia psicológica en sus CEM durante el 2021 y registrado 400 sentencias, es decir, solo un 0,52% de sentencias favorables respecto al total de denuncias en un año. Cabe resaltar que los datos aportados no disciernen entre primera y segunda instancia, por lo que varias serán apelables.

Con solo una sentencia por cada 200 denuncias por violencia psicológica, nos debemos plantear qué vamos a hacer para cesar el daño que estamos causando a los cientos de miles de denunciantes a las que hemos revictimizado, frustrado y fallado.

Uno de los retos de esta violencia es la falta de huellas físicas y la dificultad de recabar medios probatorios que sean valorados por los jueces. Las víctimas asesoradas por abogados privados, varios de ellos ávidos de honorarios, reciben el mensaje de que su testimonio es suficiente. En teoría, el testimonio debe ser valorado, pero la realidad nos indica lo contrario. La prueba fundamental es el resultado de los peritajes de los psicólogos y psiquiatras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que depende del Ministerio Público, y el cual fue declarado en estado de emergencia por la fiscal de la Nación Patricia Benavides al poco tiempo de asumir el cargo. Esta institución tiene en sus manos las piezas clave para sustentar la mitad de los casos de violencia familiar del Perú, y para ello cuenta con un equipo humano que no crece, bajos salarios y numerosos cuestionamientos por el comportamiento de algunos de sus funcionarios y los resultados de sus peritajes, que tienden a clasificar de “lesiones leves” agresiones donde mujeres han sido golpeadas hasta desfigurar su rostro, como el de la víctima del cantante John Kelvin, o cuentan con peritos psicólogos manchados en corrupción, como el reciente caso de dos psicólogas de Medicina Legal en Loreto a las que arrestaron en flagrancia por pedir US$1.000 a una mujer para modificar su informe, otro perito en Cajamarca que por US$200 ofrecía un nuevo peritaje a un violador u otro más en Iquitos dispuesto a realizar un informe favorable en un proceso de tenencia para un papá a cambio de S/750.

Las autoridades y los abogados, públicos y privados, deben recordar que las mujeres que denuncian son personas adultas, que saben tomar sus propias decisiones, por ellas y por sus hijos. Por tanto, al igual que esperamos que un buen hospital y médico nos den información precisa sobre los riesgos de un procedimiento antes de entrar a un quirófano, esperamos lo mismo de las instituciones y profesionales que deben velar por nuestra seguridad, brindando información clara y realista sobre los sacrificios psicológicos y económicos que supone denunciar, y las posibilidades de arribar a un resultado razonable. Nadie más que nosotras sabrá tomar la mejor decisión para poder realizar una denuncia informada.

Natalia Manso Álvarez es profesora de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico

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