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El pasado miércoles 3, fecha dedicada a promover la libertad de expresión, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, firmó la “Declaración de Chapultepec”, un decálogo que es ya referencia mundial sobre la importancia que debe otorgar toda sociedad democrática a la existencia de una prensa independiente.
El acto supone un compromiso moral y político del Estado Peruano representado por el presidente Kuczynski, ante los principios de este documento concebido en 1994 en el Castillo de Chapultepec de ciudad de México, durante una cumbre convocada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
El mensaje del mandatario en esta ocasión, llamando a conjurar los amagos contra la libertad de expresión, dota de un marco saludable a una amplia reflexión sobre el estado de la misma en el Perú.
Forma parte ya de la visión que inspira las tareas del Diario El Comercio –que ahora celebra su luminoso aniversario 178– la frase de Alejandro Miró Quesada según la cual la libertad de expresión es el “árbol frondoso en el que se cobijan todas las demás libertades”.
Esto es plenamente verdad. Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, subrayó que si enfrentara el dilema de tener que renunciar a todas las libertades menos a una, escogería preservar la de expresión, porque con ella recuperaría eventualmente las demás.
En visita en Lima la semana recién terminada, directivos internacionales de la SIP sostuvieron encuentros con altos funcionarios y congresistas para expresarles una agenda de preocupaciones en este campo, las cuales representan un llamado desde el campo de las libertades para seguir fortaleciendo el rol de Perú como una nación democrática abierta al mundo, cuya sociedad se desempeña con peso propio y asume responsabilidades específicas en bien de los ciudadanos.
Las inquietudes expuestas por la SIP incluyen la necesidad de mejorar las leyes de acceso a la información pública, combatir la impunidad en crímenes contra periodistas, despenalizar los delitos de difamación y calumnia –para colocarlos en el ámbito del derecho civil– y desalentar la creación de normas jurídicas que puedan inhibir la libertad de expresión o minar la labor de los medios de comunicación mediante medidas, abiertas o disfrazadas, que deriven en actos de censura o acoso sobre la libertad de prensa y opinión.
Durante más de 70 años la SIP ha formado filas en las tareas de defensa de la libertad de expresión. Trabaja en la protección de periodistas de a pie, que en las ciudades o en poblaciones aisladas se afanan en comunicar hechos y estimular con equidad el debate que permite abordar problemas y construir consensos. Pero que, especialmente, asumen su rol como herramienta para que la sociedad vigile la honradez y el desempeño de funcionarios públicos.
Ese tipo de profesional de la comunicación requiere y merece el respaldo social y de los órganos del Estado –el gobierno, el Congreso, los jueces–.
El buen periodismo solo es posible con medios de comunicación que hacia fuera y hacia dentro de sus redacciones sellan un pacto con la comunidad a la que buscan servir, para colaborar a que la misma esté formada por ciudadanos exigentes, activos y vigilantes de los asuntos públicos. Esta ecuación genera la materia prima esencial de una democracia.
La misión de la SIP sostuvo entrevistas con los congresistas Miguel Torres, Úrsula Letona y Alejandra Aramayo. Estas dos últimas impulsan diversas iniciativas de ley que preocupan a la SIP por su potencial de lesionar la labor de medios y de los periodistas, lo que inevitablemente afectaría la defensa del derecho ciudadano a saber.
Nunca debe suponerse que los avances logrados en democracia son irreversibles, como ya ha quedado demostrado en múltiples países, incluso algunos que, como Venezuela, impulsaron en su momento también leyes para “proteger las libertades y derechos informativos de la población”, que demostraron muy pronto el verdadero propósito de sus promoventes para ahogar la tarea de medios y periodistas.
Un más amplio debate sobre este tema en el Perú debe ofrecer a todas las partes la extraordinaria oportunidad de atender el desafío de la libertad y dejar atrás los riesgos de prácticas autoritarias que solo conducen a un retroceso democrático.
Bien harán las fuerzas partidistas y políticas que enriquecen el espectro de la vida pública peruana si establecen un claro acuerdo para ampliar las avenidas de las libertades, no al contrario. Ello debe ser acompañado por medios de comunicación que hagan su tarea en forma transparente, responsable y comprometida con el ejercicio democrático más pleno.
