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El movimiento de personas es ahora una constante a nivel global y el Perú no es una excepción. Miles de peruanos se mueven internamente o hacia otros países y cada vez más extranjeros eligen al Perú para visitar, trabajar o residir. Esta movilidad también expone a las personas a situaciones de vulnerabilidad y violencia, como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Actualmente, más de tres millones de peruanos viven en el exterior, los cuales enviaron al país cerca de US$2.700 millones en concepto de remesas en el 2014, lo que representa el 1,4% del PBI nacional. Así, alrededor de 800.000 hogares peruanos son origen de esta emigración internacional. Es decir, la migración internacional involucra –directa o indirectamente– a alrededor de seis millones de peruanos, si asumimos cuatro miembros por familia.
La emigración de peruanos ha disminuido levemente en los últimos años y últimamente muchos migrantes han decidido retornar. Así también, el Perú es cada vez más un destino elegido por miles de extranjeros que vienen a residir. Se estima que cerca de 105.000 extranjeros cuentan con la categoría de inmigrantes en el Perú.
En relación con la trata de personas, la situación es compleja. Entre el 2009 y el 2014, el Ministerio Público identificó a 3.911 víctimas, de las cuales el 79,6% eran mujeres, el 56,5% eran menores de edad y el 86,2% tenía nacionalidad peruana.
Aun así, en el 2015 el Estado destinó a la lucha contra la trata de personas S/8’863.742, equivalente al 0,0059% del presupuesto nacional. Una inversión de 30 centavos por ciudadano al año.
El Estado Peruano ha enfocado sus labores principalmente en la protección y asistencia a los connacionales en el exterior mediante una agresiva y adecuada política consular. Asimismo, desde el 2011, conformó una comisión multisectorial dedicada a temas migratorios.
Sin embargo, la diversa problemática de los peruanos en el exterior dista aún de ser atendida integralmente por el Estado. La relativa inserción socioeconómica de la diáspora peruana en los países de destino, su condición migratoria y acceso a servicios básicos, el costo de envío de las remesas, las dificultades para su retorno al país y su reinserción sociolaboral, entre otros, constituyen puntos pendientes en la agenda.
La complejidad del fenómeno migratorio requiere de una política integral y coherente que cuente con los recursos necesarios para poder ofrecer soluciones adaptadas a los diferentes tipos de movilidad humana. En ese sentido, desde nuestro ámbito de experticia alentamos a los candidatos a la presidencia a contemplar políticas que mejoren la atención de peruanos en el exterior y los ayuden a aprovechar mejor sus remesas, permitiéndoles un retorno digno a sus comunidades de origen.
También es necesaria una partida presupuestaria que permita la implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021, con especial énfasis en la atención a víctimas, la sensibilización y la educación sobre el delito. Y asegurar la efectiva implementación de la nueva ley de migraciones y de su reglamento.
La agenda está planteada. La migración y la lucha contra la trata de personas son enormes desafíos. Lograr que todos los peruanos disfruten plenamente de sus derechos es el objetivo.
