Rubén Vargas Céspedes

Hay un grupo de personajes cercanos al poder que han perdido la vergüenza y se han convertido en operadores –¿a sueldo?– que buscan obstruir las investigaciones en los casos de corrupción que involucran al presidente Pedro Castillo y a su entorno conocido. Aquí tenemos desde exministros hasta mercenarios ‘expertos en inteligencia’. El actual ministro del Interior también se está esforzando con el mismo propósito. Ya no insistió en fortalecer al equipo policial, incorporando a más miembros, ahora está afanado en empantanar trámites básicos con la fiscalía y, lo más avezado, pretende cuestionar la legalidad del equipo policial que viene trabajando con la fiscal Marita Barreto.

El objetivo del Gobierno, de sus operadores y del ministro es sacar al coronel PNP del . Entonces, de ‘fortalecer’ escaló a una amenaza velada: “para mantener la sostenibilidad del equipo en el tiempo” Colchado debe ser removido; es decir, si no se produce el cambio, la continuidad del equipo entraría en cuestión. El argumento central es que la coordinación debe recaer en una unidad especializada de la policía y no en la Dirección de Búsqueda de la Dirección de Inteligencia (Digimin), donde Colchado es el nuevo jefe. Esta es una típica media verdad.

Primero, recordemos que la resolución ministerial que conforma al equipo policial tiene el visado (la aprobación) de la actual Comandancia General de la Policía Nacional; es decir, los que ahora ponen en cuestión la legalidad del equipo en su momento estaban plenamente de acuerdo con él. Segundo, el ministro, en la línea de los operadores, pretende decirnos que un oficial en actividad de la Digimin no puede coordinar un equipo de apoyo a la fiscalía. Esto es falso.

La naturaleza del equipo policial es de apoyo a la fiscalía. Está claro que cada uno realizará labores propias de su especialidad. La Digimin tiene competencia legal (artículo 74 del Reglamento de Organización y Funciones del Mininter) para producir inteligencia estratégica y táctica contra el crimen organizado. Su aporte será, como en muchos otros casos, producir notas de inteligencia, seguimientos, video-vigilancia, captación de fuentes, entre otras acciones, previa autorización del titular de la acción penal. Los magistrados han validado en sus sentencias el aporte de los agentes de inteligencia; por ejemplo, en el caso seguido contra los sicarios más temidos del Callao, ‘Barrio King’, el juez incorporó más de 200 notas de agentes de la Digimin.

Los oficiales operativos de la Diviac harán lo propio: incorporarán pruebas, analizarán la estructura y los roles de la organización criminal, realizarán los interrogatorios, apoyarán en la sustentación de los casos, etc. El papel del coronel Colchado, en su calidad de más antiguo, es el de coordinar de acuerdo con las directivas de la fiscal Barreto, como lo hicieron años atrás con probada solvencia contra la más grande organización criminal encabezada por el abogado Rodolfo Orellana.

Además, habría que recordarle al equipo de asesoría jurídica de la PNP que redactó el informe legal esgrimido por el actual ministro, sobre los alcances del decreto supremo 054-2018-PCM, Lineamiento de Organización del Estado, donde se define con absoluta claridad la naturaleza de los grupos de trabajo sectoriales con participación de otros poderes del Estado e, inclusive, con integrantes de organismos constitucionalmente autónomos (artículo 28.2).

La pregunta se cae de madura: ¿cuál es el temor? El coronel Colchado en su condición de jefe de la Dirección de Búsqueda de la Digimin (oficina extrainstitucional) no tiene la obligación de reportar ni de dar cuenta sobre sus actividades (y sobre las del equipo especial) a su comando, solo a la fiscal a cargo del caso, lo que garantiza su reserva y la no filtración de las actuaciones. Este pequeño gran detalle es particularmente crítico en la búsqueda y captura de Juan Silva y del sobrinísimo. La lealtad de estos personajes podría acabarse si no se les garantiza una protección efectiva. Saber que detrás de ellos están los mejores y más experimentados policías los pone muy nerviosos. Y, finalmente, con la salida de Colchado se pretende cuestionar la validez de las diligencias en las que participó, especialmente en el proceso de entrega de Bruno Pacheco y en las diligencias posteriores a su solicitud para acogerse a la colaboración eficaz, lo que sería muy conveniente para los integrantes de la investigada estructura criminal.

Sabemos que los últimos ministros del Interior están investigados o cuestionados por su papel en la fuga del exministro Silva y por sus acciones obstruccionistas; sabemos que el caso de los generales que ascendieron gracias al pago de US$20.000 ya constituye una carpeta fiscal sólida. Entonces, ¿acaso no es un despropósito y una afrenta a todos los peruanos de bien pretender que cuatro coroneles honestos de la PNP se sometan al cubileteo perverso de un gobierno investigado por graves casos de corrupción?

Rubén Vargas Céspedes es exministro del Interior

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