Recientemente, este Diario ha discrepado del trabajo realizado por el Ministerio de la Producción (Produce) para diversificar la economía.
Es saludable contrastar visiones, pero para ello es importante discutir sobre la base de lo que se está haciendo, y no de lo que se cree que se está haciendo. En su editorial “Bill Gates y el TUPA municipal” (5/3/2016), El Comercio afirma que el Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) ha escogido, desde una oficina burocrática y un tanto arbitrariamente, algunos sectores a los que se quiere otorgar beneficios tributarios. Es importante aclarar esto para evitar conclusiones basadas en premisas incorrectas.
Para facilitar la diversificación, Produce no ha escogido sectores. Trabajamos con mesas ejecutivas, grupos de trabajo público-privados cuyo mayor valor es mejorar la coordinación (público-privada y público-pública). Hemos creado cinco mesas ejecutivas sectoriales (forestal, acuícola, de industrias creativas, textil y gastronómica) y una transversal (logística), propuestas por el sector privado. Es una lista viva: las mesas actuales se irán cerrando y otras se abrirán.
Las mesas son espacios de ejecución: identifican las barreras que limitan el crecimiento de un sector y trabajan para eliminarlas. No buscan aliviar la ineficiencia de los sectores con exoneraciones tributarias, sino remover las barreras para que alcancen su potencial.
En la Mesa Ejecutiva Forestal, por ejemplo, el sector privado identificaba la falta de incentivos tributarios como una “barrera” a su crecimiento, y por ello pedía la exoneración del Impuesto a la Renta. Pero la falta de exoneración tributaria no era realmente una barrera, sino lo que este sector pedía para ser compensado por las verdaderas barreras: normativa inadecuada, falta de financiamiento, e infraestructura e innovación limitadas. La mesa se abocó a remover dichas barreras, y en gran medida lo logró. Nunca se consideró la exoneración tributaria.
Las mesas hacen precisamente lo que este Diario sugiere (reducir trabas burocráticas, dar seguridad jurídica, facilitar el acceso al crédito, etc.). Pero nuestra experiencia indica que quedarse en lo genérico no es suficiente. Es necesario entender a cada sector. El forestal históricamente ha tenido que lidiar con varias entidades públicas que no coordinaban entre sí; el textil, con normas e inspecciones laborales que deben interpretarse en función de su realidad productiva; y el acuícola, con restricciones sanitarias que tienen que ser levantadas para acceder a nuevos mercados.
Estos problemas no se resuelven solo con una ley general de “simplificación administrativa”, la implementación de un “TUPA modelo” o generalidades de este tipo. Se resuelven viendo a qué nivel está la solución: si al de la ley, al del reglamento, al de una directiva o un formulario, o al de la implementación. Y haciendo cirugía fina.
Investigación y desarrollo (I+D)
La confusión de El Comercio se da también sobre la I+D. En el mismo editorial, indica: “las iniciativas del Ministerio de la Producción para financiar la inversión en I+D desde y por elección del gobierno quizá no sean el mejor uso de recursos”.
La Ley 30309 es una medida transversal que da una deducción tributaria adicional a cualquier empresa que invierta en I+D, independientemente de su tamaño o sector. Concytec solo califica si un proyecto es de I+D.
Promover la I+D es un excelente uso de recursos públicos, pues genera muchas externalidades positivas que se reflejan en nuevas empresas, productos, impuestos, empleos, etc. Por ello, casi todos los países de la OCDE otorgan tratamiento especial a la I+D. También el Perú.
Estamos totalmente de acuerdo con la necesidad de reducir trabas burocráticas, dar seguridad jurídica y facilitar el clima de negocios. Pero, en la práctica, los problemas no son tan genéricos y varían mucho entre sectores. Para avanzar, debemos obtener toda la información posible del sector privado y resolver problemas a todo nivel, en lo grande y en lo pequeño. Es lo que estamos haciendo en el PNDP. La diferencia está en los detalles.