El Perú y La Haya: Una exitosa política de Estado

Hoy se cumplen diez años del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que resolvió el diferendo marítimo entre el Perú y Chile, proporcionando las bases para una nueva etapa de amistad y cooperación en la relación bilateral entre ambos países y representando un ejemplo de que es posible resolver las diferencias de soberanía entre estados de manera pacífica, si se comparte el anhelo de paz en ambos pueblos. Frente a la falta de disposición de Chile para negociar el límite marítimo, durante el gobierno del presidente Alan García, el 16 de enero del 2008, el Perú demandó a Chile ante la Corte de La Haya, que constituye uno de los mecanismos de solución pacífica de controversias establecido en el derecho internacional.

Durante un largo juicio de seis años, ambos gobiernos expresaron reiteradamente que aceptarían la sentencia. Cuando se conoció el fallo, ambos presidentes reconocieron su validez, la Marina de Guerra del Perú tomo posesión pacífica de las áreas recuperadas de su dominio marítimo y ambos gobiernos procedieron rápidamente a determinar las coordenadas geográficas precisas, de conformidad con el mandato del fallo.

A su vez, el Perú negoció y suscribió con Ecuador el tratado de fijación de la frontera marítima en mayo del 2011. Así quedaron definidas nuestras fronteras marítimas con Ecuador y con Chile, y el Perú, finalmente, terminó de establecer todas sus fronteras terrestres y marítimas con sus países vecinos.

Como resultado de una sentencia favorable, el Perú logró incorporar un área de 50.248 km2 de mar, suelo y subsuelo, a su dominio marítimo hasta las 200 millas. Contrariamente a la posición peruana de que había que definir nuestro límite marítimo, Chile consideraba que este ya existía y que, del área reclamada por el Perú, una parte área pertenecía a su zona económica exclusiva y otra parte era la alta mar sobre la que el Perú no tendría derecho alguno.

La Corte de la Haya nos dio la razón en lo fundamental y procedió con equidad, de acuerdo con el derecho internacional consuetudinario incorporado en la Convención de las Naciones Unidas sobe el Derecho del Mar. Convencer a la Corte de nuestro derecho fue posible, en gran medida, porque el Perú condujo el proceso conforme a una inalterable política de estado. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, se solicitaron informes reservados a especialistas extranjeros y se invitó a Chile a negociar el diferendo. Durante el gobierno de Alan García, se definió la estrategia, se formó un excelente equipo formado por juristas internacionales y nacionales, diplomáticos, marinos y cartógrafos, muy bien conducido por el embajador Allan Wagner como agente, se presentó la demanda y se siguió la etapa del proceso escrito. Y durante el gobierno de Ollanta Humala, se desarrolló la fase oral, el dictado de la sentencia y su ejecución.

Fue una política de estado pues se dio con continuidad en el tiempo, sin cambios en la estrategia ni en el equipo, se desarrolló en función de un permanente interés nacional y contó con el consenso mayoritario de los ciudadanos. Fue, además, un ejemplo de unidad nacional tan necesaria en nuestro país. Por todo ello, el fallo de La Haya es un acontecimiento de celebración.