Dina contra la prensa

Hace dos años, cuando aún era vicepresidenta, Dina Boluarte lloró frente a mí. Estábamos reunidos en Palacio de Gobierno algunos periodistas exponiendo el problema que suponían los embates del gobierno de Pedro Castillo contra la prensa. En respuesta, Boluarte intentó matizar nuestros comentarios con una historia personal sobre el tratamiento que un sector de los medios le había dado durante su candidatura, y no pudo contener las lágrimas. Una vez compuesta, manifestó en varias oportunidades: “no es posible que los periodistas…”, en relación a la cobertura mediática de determinados temas. Fueron varios los juicios y opiniones severas de la hoy presidenta sobre el trabajo de la prensa, por momentos incluso relativizando los ataques de Pedro Castillo.

En algunos aspectos le expresamos nuestra coincidencia; no nos parecía correcto, por ejemplo, que cierto sector de la prensa hubiera puesto el foco en los hijos de Boluarte; jóvenes estudiantes que nada tenían que ver con su candidatura.

Esta y otras escenas de corte similar en reuniones distintas fueron un indicador del poco agrado que le tiene la presidenta del Perú a los medios de comunicación de su país. Basándome en las veces que hemos conversado, mi impresión personal es que Dina Boluarte desprecia a la prensa incómoda y fiscalizadora y que, al tratar con ella, su historia personal determina su actitud. Algo similar sucedía con Pedro Castillo.

Esto permite entender por qué designó como presidenta de TV Perú y Radio Nacional –las señales informativas de todos los peruanos– a su relacionista pública Ninoska Chandía, a pesar de que esos medios de comunicación tienen la obligación de ser plurales e imparciales. Como informé en este Diario (30/6/23), desde entonces se ha despedido a más de una decena de periodistas, incluyendo a los más fiscalizadores, y se ha censurado información que afecta la imagen de Boluarte, del jefe del Gabinete Alberto Otárola y del gobierno central.

Esto también permite entender por qué hasta hoy no se investiga, desde las dependencias del Poder Ejecutivo, los aproximadamente cien casos de periodistas agredidos por la Policía Nacional mientras cubrían las protestas del 2022-2023, a pesar de varios pedidos públicos.

La percepción que tendría la presidenta sobre la prensa revela por qué en el pedido de facultades legislativas enviado recientemente por el Poder Ejecutivo al Congreso se propone modificar el Código Penal para que se pueda “sancionar a los instigadores del delito de disturbio”. Según el Gobierno, estos “ilícitos” han sido cometidos incluso por comunicadores que han convocado a marchas a través de medios de comunicación masiva. El Gobierno pide aquí al Congreso que comunicadores y ciudadanos que se atrevan a convocar una protesta puedan ser procesados penalmente por instigar marchas.

Pero ¿qué es “instigar”? ¿Instigar es la invocación de Rosa María Palacios al público para que asista a la protesta del 19 de julio y exija el adelanto de elecciones? ¿O la invitación de César Hildebrandt a los peruanos, hace pocos días, a hacer escuchar su voz por el continuo quiebre del Estado de derecho que está orquestando el Congreso? ¿O quizás instigar es solo informar periodísticamente sobre desarrollo de una protesta? Es evidente que hay un margen para la interpretación, un mal que ha llevado a muchos periodistas a ser procesados judicialmente por difamación, a pesar de claros precedentes nacionales e internacionales que lo restringen.

El Congreso tiene ahora la última palabra, lo que aumenta el riesgo. De hecho, en un predictamen, la Comisión de Constitución ha señalado que esta medida es pertinente, aún a pesar de que en su análisis sostiene que “se entiende que la voluntad del Poder Ejecutivo es sancionar penalmente a quien exprese en medios de comunicación masivos, sea comunicador, político o funcionario público, el apoyo a una marcha”. Ha propuesto un supuesto candado –que se eviten limitaciones a derechos fundamentales–, pero que no es más que un oxímoron, un saludo a la bandera.

Este nuevo atentado a la libertad de expresión es un ejemplo más de cómo el Perú marcha hacia el autoritarismo.