Directorio del BCR, ley e institucionalidad, por J. J. Marthans

La reciente elección de los directores del Banco Central de Reserva (BCR) ha sido tratada desde diferentes ópticas: la posibilidad de constituir un directorio multidisciplinario, la suficiencia de su buen gobierno a partir de la presencia del personal técnico de nuestro banco central y hasta la seguridad que irradiaría la sola presencia del actual presidente, entre otros. Estas, aunque importantes, no reflejan las verdaderas implicancias que ello generaría.

Los requisitos, contenidos en la Ley Orgánica del BCR, aunque genéricos, son lo suficientemente claros como para caer en errores y suspicacias. El primero, experiencia en economía y finanzas. El segundo, reconocida solvencia ética y moral. El tercero, independencia a intereses privados y empresariales.

Un empresario con intereses claros en el sector exportador o un socio de una consultora como miembros del directorio van a disponer de información de primera mano acerca de la estrategia que emprende el ente emisor a efectos de modular el tipo de cambio, de los cambios anticipados de la tasa de referencia, de dónde se deposita parte de las reservas internacionales, de cuándo se ampliará o no la capacidad de crédito de la banca en soles o dólares. Es por ello que nuestra ley, como en cualquier economía seria, intenta impedir esta posibilidad. ¿Se imaginan en Estados Unidos a Donald Trump o al número dos de McKinsey siendo elegidos para ser parte del ‘board’ de la Reserva Federal?

Un hombre lejano a la profesión y experiencia en materia económica financiera, sea o no sea controversial en el mundo político, también aportará poco a las decisiones de política monetaria, cambiaria, bancaria y de financiamiento. Por eso, la ley lo excluye. Cierto, en ocasiones un directorio requiere de opinión legal, pero para eso solo hace falta un asesor legal. La propuesta de dotar al directorio de un carácter multidisciplinario no deja de ser solo un deseo. Pero un mal deseo, nada más.

¿Queremos ser miembros de la OCDE? ¿Queremos continuar mejorando nuestra percepción de riesgo soberano? ¿Queremos demostrar que se respeta la ley e institucionalidad? La ley se respetó por los votos que han alcanzado los candidatos; la ley no se respetó por las competencias y vínculos de los mismos.

Dos acciones honestas para evitar que lo acontecido se repita a futuro. Primero, en la ley orgánica de nuestro banco central definir con más detalle el perfil y competencia de los miembros del directorio. Hoy la generalidad hace que los políticos hagan y deshagan. Segundo, exigir que el Congreso disponga de un reglamento que, paso a paso y de manera transparente, establezca el protocolo a seguir para la elección de sus representantes al directorio del BCR.

Independientemente de las personas y de lo que pueda ocurrir de ahora en adelante, con la designación de los miembros del directorio estaríamos demostrando que las leyes en el Perú se interpretan sin un mínimo de criterio y respondiendo a intereses poco transparentes. Así no se construyen las bases de la institucionalidad. Al final, una economía sin institucionalidad es, en el largo plazo, una promesa incumplida, una realidad inconclusa, casi una mentira. ¿Es ese el Perú que deseamos para nuestros hijos?