Qué discutir tras el tiroteo en Independencia, por N. Zevallos

El tiroteo del 17 de febrero en el distrito de Independencia en Lima, episodio que lamentablemente trajo víctimas mortales y varios heridos en situación aún crítica, requiere una discusión seria. Bastante alejados de esto se encuentran aquellos análisis que tratan de ensayar ante las cámaras un perfil psiquiátrico del victimario a partir de evidencias superficiales. Así, recurrir con ligereza a etiquetas como tatuajes, gustos musicales, fotos en Facebook con armas y municiones, llevan a concluir sin mayor contacto y evaluación rigurosa del sujeto que se trataba de un “asesino en potencia”. Esta vocación es bastante criticable dadas las exigencias científicas para la construcción de perfiles. Ni en las series televisivas estadounidenses –que podemos presumir inspiran algunos de estos análisis– se toman tan a la ligera las evidencias al tratar de construir un perfil criminal. 

Es evidente que este evento trae a la mente de los peruanos situaciones semejantes de otras latitudes. Por ello, a pesar de ser un episodio excepcional, es comprensible que genere gran preocupación. Así, es necesaria una discusión seria y sistemática desde, al menos, dos aristas. La primera refiere a la situación de la salud mental, puesto que no es la primera vez que se pone en evidencia el carácter de epidemia de los trastornos mentales en el Perú. Por otro lado, es importante entender que los fenómenos criminales dependen de múltiples factores. No todos aquellos sujetos que reportan trastornos mentales estarán necesariamente involucrados en situaciones violentas de esta magnitud. Por eso, una segunda arista importante es el acceso a las armas. De acuerdo con lo que se conoce del caso, el victimario contaba con dos armas, una sin licencia y otra con licencia vencida. 

Si bien es cierto que existe un mercado ilícito de armas y municiones, también es evidente que la expansión del mercado legal de armas para uso civil representa un reto para la capacidad de control estatal. De acuerdo con la superintendencia encargada del control de armas en el Perú (Sucamec), entre el 2007 y el 2015 ingresaron al país poco más de 160.000 armas de fuego para uso civil. De estas, 153.000 fueron vendidas por empresas comercializadoras (en un total de 213 locales de todo el país, 83 de los cuales se encuentran en Lima). Asimismo, durante el 2015 se emitieron 4.777 licencias iniciales para tales fines. En contraste, según la propia Sucamec, a febrero del 2017 cerca de 300.000 licencias de armas se encuentran vencidas, a pesar de las facilidades que la agencia brinda para la regularización. Una de estas armas habría sido usada por el protagonista del tiroteo. 

Estudios precedentes como el de Jaris Mujica sobre el mercado de armas (Clacso, 2012) señalan con certeza que la formalización del mercado no implica necesariamente control. Asimismo, que el mercado ilegal de armas es inestable en el abastecimiento de armas a nivel general. Como muestra de ello, de acuerdo con otros estudios de Sucamec, el 35% de las armas incautadas a la delincuencia en Lima tiene origen legal. A pesar del esfuerzo de las últimas gestiones de Sucamec, esta entidad cuenta con escasas capacidades y competencias para limitar y fiscalizar un mercado legal de armas en expansión. 

En síntesis, el lamentable tiroteo debe poner en agenda la capacidad de control que tienen las agencias estatales sobre el mercado de armas en el Perú. Se trata de un mercado que crece dada la demanda de seguridad de los ciudadanos. Si este crecimiento no viene acompañado por mejoras en la capacidad de las entidades responsables, es posible que seamos testigos de mayores hechos lamentables. Sin embargo, no hay que perder de vista la hasta ahora situación excepcional (no por eso menos lamentable) del tiroteo en Independencia. Es preocupante que la orientación de la discusión hacia el perfilamiento estigmatizante de los criminales (cuestión muy diferente al debate sobre políticas de salud mental adecuadas) quite de la agenda la necesidad de mejorar la capacidad de control de las armas en el país.