¿Ha disminuido la victimización?, por Jaris Mujica

El informe técnico de INEI del primer bimestre del 2017 muestra un descenso general de la victimización nacional urbana, pues esta ha pasado de 32,9% (setiembre 2015 - febrero 2016) a 26,5% (setiembre 2016 – febrero 2017). Sin embargo, hay que leer el dato con cautela.

El único delito en el que se reporta un descenso real y sostenido es la “estafa” (de 11,7% a 4,8% en el mismo período). ¿Qué explica esto? Por un lado, que hay mejores mecanismos de publicidad preventiva y sensibilización que provienen tanto de las campañas estatales como de las empresas privadas. Por otro lado, esto puede estar asociado también a la amplia oferta de seguros de varios tipos (para cuentas bancarias, tarjetas de crédito, etc.) y a mecanismos de seguridad en diversas transacciones. También puede estar asociado al mayor cuidado (y desconfianza) de la ciudadanía en las transacciones con terceros. Sin embargo, estos resultados son difíciles de atribuir solamente a medidas recientes, pues muestran una tendencia descendente desde el 2015: 11,9% (agosto 2015-enero 2016), 10,7% (noviembre 2015-abril 2016), 9,4% (febrero-julio 2016), 8% (abril-setiembre 2016), 7,1% (junio-noviembre 2016), 5,9% (julio-diciembre 2016), 4,9% (agosto 2016-enero 2017).

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El margen de error del estudio es de 5%, de manera que todos los otros delitos estudiados no representan ninguna variación estadística: hay estabilidad en la victimización por robo (de 15% a 14,2%), intento de robo (de 5,7% a 5%), amenazas e intimidaciones (de 2,1% a 1,9%), robo de vehículo (2% constante), maltrato u ofensa sexual (de 1,6% a 1,4%), robo de negocio (0,7% constante). Esto no es extraño, pues la victimización delictiva se moviliza relativamente poco (tiende a ser estable en el tiempo) y no parece responder directamente a medidas punitivas.

Los datos sugieren que no hay ningún indicio de movilización ascendente (en forma general) y que, si hubiera una tendencia sostenida al descenso, se podría comprobar solo en los siguientes años. Sin embargo, hay que considerar que los estudios de victimización delictiva no registran otras formas de victimización no criminal; formas de violencia que están presentes en la vida cotidiana de la ciudadanía (violencia sexual callejera, accidentabilidad vial, etc.) que requieren ser entendidas para completar el panorama de la victimización violenta, y que posiblemente sean muy importantes para entender la prevalencia de la violencia en nuestras sociedades.

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Ahora, si bien el descenso de los datos de victimización por estafa responden a más variables que a las acciones de la gestión del actual ministro, es importante también resaltar las medidas que se están tomando, cuyos efectos no podrán ser evaluados de inmediato y que, probablemente, aparezcan en los resultados de victimización del 2018 y 2019. Una de esas iniciativas –quizás una de las más inteligentes de los últimos años– es la campaña de inhabilitación de teléfonos móviles robados y la creación de una lista de equipos y líneas habilitadas (Renteseg), que basada en investigaciones precedentes, datos correctamente analizados, medidas menos punitivas y más preventivas, ha generado una propuesta que podría dar resultados (aun cuando probablemente tenga que ajustarse en el futuro).

Es posible que este planteamiento reduzca el tamaño del mercado ilegal de teléfonos robados, que aumente el riesgo de comercializar estos equipos y disminuya el interés en adquirirlos. Y es posible que esto lleve a una transformación de los mercados ilegales de objetos robados y de la victimización por robo en los años siguientes. Medidas como estas requieren ser apoyadas y fortalecidas, aun cuando los resultados no se vean al instante.