Lima presenta condiciones inmejorables para atraer (y retener) a empresas interesadas en consolidar su presencia en nuestro país y, desde aquí, proyectar sus negocios en el Pacífico sudamericano. A su ubicación privilegiada, se suman sus facilidades logísticas, sus atractivos culturales y el hecho de que el Perú sostenga una política de apertura comercial que lo vincula con los más importantes ejes geoeconómicos del mundo.
Sin embargo, la instalación de sedes corporativas en las zonas de nuestra capital que han albergado este tipo de actividades (San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco, principalmente) se ve afectada actualmente por la insuficiencia de suelo, las limitaciones en la provisión de servicios empresariales y de infraestructura urbana, la persistencia de trabas burocráticas y la oposición creciente de los residentes a la densificación de sus distritos.
Frente a ello, se plantea la creación de un nuevo distrito empresarial en Lima Metropolitana que concentre edificaciones corporativas y equipamientos indispensables para negocios (centros de convenciones, hoteles especializados, servicios corporativos, escuelas de negocios, entre otros) y también servicios complementarios (restaurantes, equipamientos culturales, recreativos, áreas verdes e inclusive vivienda). La centralización de edificios de negocios permitirá además optimizar la provisión de tecnologías de información y comunicación, imprescindibles para el desarrollo de actividades empresariales.
La implantación de un distrito empresarial en nuestra capital permitirá optimizar el trabajo de las empresas, generar otro polo de desarrollo económico en la ciudad e incluso propiciar la creación de un hito urbano, pues el segmento de edificaciones corporativas se caracteriza por introducir nuevas tendencias de diseño arquitectónico y promover el uso de modernas tecnologías para la construcción.
El distrito propuesto debería tener una superficie mínima de 500 hectáreas, lo que permitiría ofrecer unos 16 millones de metros cuadrados para edificaciones. En la zona sur de Lima –entre Lurín y Pucusana– existen áreas eriazas suficientes para atender esta y otras demandas urbanas: el Ministerio de Vivienda propuso hace unos años la ocupación progresiva de 6.900 hectáreas en esta zona, lo que facilitaría –entre otras cosas– la provisión de 160.000 nuevas viviendas. A la disponibilidad de suelo, se suman la de vialidad y transporte (la carretera Panamericana en proceso de modernización y la proyectada Vía Periurbana) y la de energía (a través de gas natural). La magnitud de la intervención inmobiliaria hace factible la inversión en otros equipamientos indispensables, como el servicio de agua potable y saneamiento (del que hoy carece la zona) y el de transporte público (tren de cercanías o metro urbano).
Obviamente, el desarrollo de una zona corporativa de esta escala es una tarea de largo aliento y demanda, además, un esfuerzo de colaboración interadministrativa (entre el gobierno nacional y las municipalidades involucradas) y de concertación de inversiones estatales y particulares. La experiencia internacional muestra casos emblemáticos (La Défense en París o Puerto Madero en Buenos Aires, por ejemplo), en los que el factor clave del éxito fue encargar su planificación, construcción, financiamiento y gestión a una entidad autónoma público-privada.
Se trata, qué duda cabe, de un importante desafío para la ciudad y para el país, pero por los múltiples beneficios que traería el desarrollo de un megaproyecto así concebido, bien vale la pena empezar a abordarlo.