‘Economía naranja’ y política tributaria como mecanismo para la reactivación

El marco tributario constitucional le concede al Legislativo la potestad para crear tributos y para establecer excepciones razonables y justificables a la aplicación de estos. El propósito es alcanzar objetivos económicos que en el futuro puedan generar una mayor recaudación que el solo hecho de incrementar los tributos, lo que más bien puede generar el efecto inverso. Se trata de una suerte de inversión pública: se afronta el gasto tributario que representa el incentivo para tener un dividendo futuro, que consiste en mayores inversiones captadas por aplicación del incentivo.

Para tal efecto, nuestra Constitución exige que el Congreso solicite un informe previo (no necesariamente favorable, solo un informe) del Ministerio de Economía y Finanzas.

La teoría económica recomienda adoptar medidas contra cíclicas en épocas de crisis económica. Es decir, en épocas de recesión como la que estamos afrontando, mal haríamos en incrementar las cargas tributarias, sino que más bien deberíamos pensar en reducirlas inteligentemente de cara a obtener más inversiones que nos lleven a retomar la senda del crecimiento económico sostenible.

En este sentido, el Congreso, como detentador del poder o potestad tributaria, no puede soslayar la responsabilidad que le concierne sobre debatir respecto de qué sectores de la economía pueden ser incentivados desde el punto de vista tributario para coadyuvar con el proceso de salida de la recesión económica que venimos sufriendo y de la nula inversión privada registrada en los últimos tiempos.

Uno de esos sectores, creemos, está dado por la ‘economía naranja’, que es la de la industria de la creatividad, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expuso en un informe que ilustraba cómo dicho sector de la economía representa una oportunidad de crecimiento y de generación de puestos de trabajo para Latinoamérica.

Posteriormente, una investigación técnica conducida por la economista Silvana Huanqui, de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, ratificó el impacto positivo de la ‘economía naranja’ en la industria audiovisual, de cara a su exportación.

A la fecha, sobre el particular parece haber cierto consenso a nivel legislativo. La ‘pica en Flandes’ la puso el congresista Carlos Anderson con el proyecto de ley 5206/2022, que propone un sistema de crédito tributario representado en un título transferible (para generar un mercado secundario) equivalente al 29,5% del importe invertido por los productores audiovisuales. Además, se propone calificar a los servicios de producción audiovisual como exportaciones de servicios para efectos del IGV, así como la eliminación de aranceles a la importación de los equipos que sean necesarios para las producciones, entre otras medidas.

A dicha propuesta se han sumado los proyectos presentados por la congresista Adriana Tudela (proyecto 5903/2023) –que ha sido muy cuestionado por proponer restringir las transferencias que realiza el Ministerio de Cultura a determinadas producciones locales– y la congresista Patricia Juárez (proyecto 6291/2023).

Esperamos que tales iniciativas sean prontamente debatidas en el Congreso, pues el país necesita con urgencia generar condiciones para atraer inversiones privadas en nuevos sectores de la economía, como es el caso de la ‘economía naranja’.