Las broncas políticas desatadas en Estados Unidos por la decisión de la Corte Suprema de derogar ‘Roe vs. Wade’, el fallo de 1973 que marcó un hito al establecer el derecho federal al aborto, han sido inmediatas y furiosas. Pero se ha prestado menor atención al telón internacional frente al que se adoptó la decisión. La evidencia en todo el mundo apunta a un ataque cada vez más generalizado a la libertad de las mujeres… y también en las orgullosas democracias.
“No tengan sexo si no quieren un bebe”, decía una apasionada joven afuera de la Corte Suprema en junio del 2022. Si solo todas las mujeres tuvieran esa opción. Y si solo los y las activistas antiaborto se comprometieran con ello. De hecho, cada 68 segundos en promedio en los EE.UU. ocurre una agresión sexual. Una de cada seis mujeres estadounidenses ha sido víctima de una violación o un intento de violación. Entre el 2009 y el 2013, las agencias estadounidenses de protección a la niñez comprobaron o encontraron evidencias sólidas que indican que 63.000 menores al año fueron víctimas de este tipo de agresión.
En el Reino Unido, las violaciones están en sus máximos anuales registrados hasta la fecha, con 67.125 casos manejados por la policía de Inglaterra y Gales en el 2021. Sin embargo, ese año hubo apenas 1.557 juicios. En los últimos cuatro años, los juicios por violación en estos países se redujeron en un 70%. En pocas palabras, no se está respetando el derecho de las mujeres a no ser violadas.
De manera similar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de un tercio de las mujeres del planeta han estado sujetas a violencia física y/o sexual por parte de sus parejas o exparejas íntimas a lo largo de sus vidas. En varios países, las restricciones de confinamiento por la pandemia aumentaron la cantidad de casos y redujeron la capacidad de los sistemas de manejarlos.
Pero la pandemia no es el único factor detrás de la violencia contra las mujeres. En Rusia, la violencia doméstica ha aumentado desde enero del 2017, cuando los legisladores generaron el rechazo internacional al despenalizarla. Como era previsible, esta mayor incidencia vino de la mano de una aguda caída en las denuncias y una falta de voluntad de la policía para investigar los casos.
La evidencia muestra que en la mayor parte de los países es improbable que una pareja violenta que amenace con una violación enfrente consecuencias. En EE.UU., la Corte Suprema ha amplificado enormemente el poder coercitivo de esta amenaza. En las escalofriantes palabras de los jueces en desacuerdo, “desde el momento mismo de la fertilización, una mujer se queda sin derechos. Un Estado la puede obligar a completar su embarazo, incluso a los costes personales y familiares más extremos”.
Entonces, ¿qué es hoy la libertad para las mujeres? ¿Tendremos que aceptar que los sistemas penales de justicia no puedan protegerlas cuando se las ataque, sufran abusos y sean violadas? ¿Tendremos que aceptar que en los estados de EE.UU. que ya han ilegalizado el aborto, sin excepciones para la violación o el incesto, “una mujer tenga que dar nacimiento al bebe del violador o una joven al de su padre, sin importar que ello destruya su vida”?
La violencia contra la mujer se puede prevenir. Es fundamental la existencia de una legislación integral, y la cantidad de países que la ha estado adoptando ha ido creciendo. Pero no es menos vital la efectividad en su puesta en vigencia, lo que incluye apoyo para las mujeres que dan un paso hacia adelante y la adecuada financiación, monitoreo y cooperación entre la policía, los fiscales y los tribunales para llevar a los culpables ante la justicia.
La evidencia internacional destaca medidas específicas, como el apoyo psicosocial, programas de empoderamiento económico y social, transferencias en efectivo y programas en escuelas que mejoren la seguridad, reduzcan o eliminen los castigos severos, desafíen estereotipos de género, y promuevan relaciones sustentadas en la igualdad y el consentimiento. Estos son algunos de los componentes fundamentales para la libertad de la mujer.
La Corte Suprema estadounidense ha ido en la dirección opuesta. En lugar de mirar hacia adelante a un mundo en el que los derechos de las mujeres y la niñez estén mejor protegidos, los jueces que derogaron ‘Roe’ miran hacia “la historia y la tradición” para inspirar sus visiones del significado de la “libertad dentro del orden”. Observan que “en la última parte del siglo XX, no había sustento en las leyes estadounidenses para un derecho constitucional a obtener un aborto… De hecho, el aborto había sido por largo tiempo un crimen en todos y cada uno de los estados”.
Pero los jueces pasan por alto que, durante gran parte de esa historia, la libertad era una prerrogativa disfrutada casi exclusivamente por hombres adultos (blancos). Hasta 1920, las mujeres no podían votar en EE.UU. y durante mucho tiempo después no podían divorciarse ni obtener crédito a su nombre. En varios estados, el estar casado con la víctima se reconocía como una defensa legítima contra una acusación de violación (en fecha tan reciente como 1979 en Nueva Jersey, por ejemplo). ¿Son realmente las tradiciones históricas la mejor brújula para interpretar qué libertad debería garantizarse a quién?
La participación femenina en la política representativa ha aumentado gradualmente de la mano de su derecho a voto. Pero también esto está bajo ataque. Se está tratando de alejar a las mujeres de la vida pública con un acoso en línea intenso, degradante y sexualizado. En Japón, se ha documentado un patrón de ataques sexistas en Twitter dirigidos contra mujeres que participan en política.
De manera similar, un estudio efectuado en Suecia muestra que, si bien los políticos varones sufren ataques principalmente en lo referido a sus cargos oficiales, las representantes femeninas están sujetas a comentarios humillantes que apuntan explícitamente a que son mujeres, En Canadá se ha encontrado la misma disparidad. En el Reino Unido, mujeres políticas de izquierda y derecha han alzado la voz acerca de este problema.
Es tiempo de que todos los políticos apoyen no solamente una sólida legislación, sino también los fondos y las instituciones necesarias para garantizar la libertad y la seguridad de las mujeres, sea en el hogar, la política o con su médico.
Traducido por David Meléndez Tormen
–Glosado y editado–
Project Syndicate, 2022