¿El Consejo Fiscal evidencia una “actitud política”?

La política fiscal es el instrumento más efectivo para conseguir la estabilidad macroeconómica y explica los años de rápido crecimiento. El instrumento de esta política es el presupuesto, que consiste en tres leyes que se aprueban todos los años en el Congreso, y sirve para que consumidores e inversionistas determinen sus decisiones de gasto y de endeudamiento a mediano y largo plazo. También es el mejor instrumento para redistribuir ingresos de los más adinerados a los más necesitados.

Sin embargo, pocos leen y aún menos entienden las más de 1.000 páginas que contienen estas tres leyes. Con base en el buen manejo histórico, consumidores e inversionistas confían en el gobierno de turno. Los ministros pasados hemos manejado la política fiscal con mucha transparencia. Para dar mayor garantía, hace cerca de diez años se creó el Consejo Fiscal (CF), que tiene como función emitir opinión no vinculante sobre los temas fiscales que preocupan.

Cuando el Perú no tenía credibilidad, buscó al FMI, que nos daba líneas de crédito sujetas a metas fiscales y macroeconómicas. Al comienzo nos costó mucho ganar credibilidad, pero hoy, gracias a nuestro desempeño, el gobierno y las empresas pueden acceder al financiamiento de largo plazo.

Hace unos días, el presidente del CF, Carlos Oliva, alertó de un manejo atípico que podría erosionar la credibilidad fiscal. El ministro Alex Contreras había decidido adelantar una transferencia de utilidades del Banco de la Nación (BN) a la Tesorería del MEF para poder cumplir con la regla fiscal. Por un lado, no queda claro que se podía registrar como ingreso, pues el BN no había cerrado sus estados financieros anuales. Más parecía un financiamiento y, en consecuencia, no reduce el déficit. Por otro lado, parecía un simple truco para poder cumplir con dicha meta.

Sin embargo, según el reciente comunicado del CF, el Gobierno no cumpliría la meta fiscal este y el siguiente año por usar proyecciones económicas que no se condicen con la realidad, y la gestión del actual ministro pareciera estar plagada de esta contabilidad creativa que rompe con la transparencia fiscal.

La Ley de Transparencia Fiscal (LTF) vigente manda que los recursos excedentes se destinen primero hasta el 1,5% del PBI a la reserva secundaria de liquidez (RSL), después hasta el 4% al Fondo de Estabilización Fiscal (FSF), y el resto al Fondo de Infraestructura.

Sin embargo, el ministro decidió aprobar créditos suplementarios (CS) y no cumplir con la LTF. Con el beneplácito de un Congreso acostumbrado a intercambiar votos por obras, o por archivo de investigaciones, ha aprobado hasta tres CS, financiados en parte con ahorros de años anteriores que estaban depositados en la RSL.

Es más, dedicó más recursos a financiar gasto corriente, en muchos casos priorizados por los propios congresistas, entre ellos, aumentos de salarios de la administración pública y el Congreso. Recordemos que el presupuesto de salarios para el 2023 llegó a absorber el 53% de los gastos corrientes de este año.

De haber honrado la LTF, estos recursos estarían en el FSF y podrían haber sido usados para darle prioridad al financiamiento de obras que nos preparen para El Niño. No debe sorprender que los planes del ministro no hayan tenido mucho impacto en el crecimiento económico. Solo basta recordar que, según el FMI, cada sol adicional de gasto corriente genera un aumento del PBI en solo el 0,5, pero, si fuese inversión, el aumento sería del 1,5. .