El costo de las promesas

El próximo 2 de octubre elegiremos a 1.990 alcaldes y 25 gobernadores regionales que van a administrar el 18% de toda la inversión pública nacional. Para acceder a estos puestos más de 76 mil personas compiten sin escatimar promesas buscando alcanzar la confianza ciudadana.

Merecer tal confianza depende –entre otros– de dos factores importantes. El primero es la transparencia. El año pasado la ley 31227 encargó a la contraloría (CGR) recibir las declaraciones juradas de intereses de todos los candidatos sobre sus vínculos familiares, empresariales, laborales, societarios, y otros, para que los ciudadanos puedan valorar lo revelado antes de votar. Vencido el plazo previsto, menos de la mitad de los candidatos había cumplido con su obligación. Los electores pueden revisar los datos y saber quiénes incumplieron ingresando al portal de la CGR.

El segundo factor incide en el impacto presupuestal de las promesas. Muchos candidatos prometen más obras y servicios de los que pueden concretar y, en muchos casos, ocultando acuerdos y compromisos bajo la mesa, como demuestran los miles de casos advertidos por la CGR. Como hemos dicho en repetidas oportunidades, el negocio de la corrupción no está en la ejecución de las obras, sino en adjudicarlas. Para robarle al Estado es necesario generar la justificación, vía proyectos de inversión u otros, que permita la salida del erario público.

Las promesas tampoco consideran miles de inversiones que están retrasadas o paralizadas. Las nuevas autoridades regionales, por ejemplo, gestionarán inversiones anuales por más de S/7 mil millones, lo que equivale al 18% de la inversión pública nacional, y precisamente el rubro inversiones es el que concentra los principales problemas de corrupción.

Según el Índice de Corrupción 2021 de la Contraloría General, la tasa de incidencia en el rubro inversiones es del 15%, lo que significa que de cada S/100 que se gastan en inversiones, se pierden S/15 por ineficiencia o corrupción. Allí están los cientos de hospitales, carreteras, colegios, obras de agua y demás “elefantes blancos” que no se completan nunca.

A este problema se suman 2.350 obras paralizadas al mes de junio por S/29 mil millones, y las decenas de millones de soles gastados en estudios técnicos de obras que no se ejecutaron y que requieren ser actualizados generando mayor gasto público.

Desde el punto de vista financiero, en los gobiernos regionales se están ejecutando inversiones por S/72 mil millones, de los que al año pasado solo se ejecutaron S/23 mil millones, y para este año están programados poco más de S/10 mil millones. Suponiendo –con exagerado optimismo– que se logre, quedaría todavía por ejecutar S/38 mil millones. Esto significa, tomando en cuenta la actual capacidad de ejecución, que tomaría cinco largos años completar las inversiones activas en este momento y sin agregar ningún nuevo proyecto.

En conclusión, para cumplir todo lo prometido en campaña las nuevas autoridades tendrían que postergar las que están hoy en ejecución y dejar inconclusas las 2.350 obras paralizadas en todo el país. El papel y las campañas aguantan todo, pero el presupuesto y la paciencia de la población no. Una preocupante realidad que no puede pasar desapercibida en la vorágine de la campaña electoral.

Los candidatos deben considerar seriamente concluir adecuadamente las obras que están en ejecución o paralizadas, para beneficio de su población y dar un impulso a la economía local y nacional, antes que solo ofrecer nuevas obras. Es el momento de propuestas serias y compromisos reales; de lo contrario, seguiremos en el círculo vicioso que genera más obras paralizadas y mayor decepción a los peruanos y peruanas.