Estamos en la enésima ola de la endémica crisis política como consecuencia de una calculada contrarreforma política, el ascenso de los poderes fácticos vinculados a las economías ilegales que reclaman sus cotos de caza en el Estado y la reacción de los partidos políticos que, para la fiscalía, serían organizaciones criminales constituidas, entre otras cosas, para blanquear fondos.
La crisis política provoca en la población zozobra e indignación que, en ocasiones, se expresa bloqueando carreteras, tomando instalaciones públicas y privadas. En la medida que, por definición, la policía es una institución no deliberante, tiene que marchar como legión romana para enfrentar en las calles y carreteras la expresión violenta de la crisis, exactamente esa que el Gobierno y la clase política son incapaces de resolver. La población enardecida tiene al frente a un policía que, en ese momento, se convierte en la cara visible de los responsables del cíclico desmadre. Es previsible el desenlace. Solo en los últimos días provocó la muerte de al menos cinco peruanos y lesiones graves en más de 20 policías.
En este punto, nace un problema adicional. El Gobierno, especialmente su vocero, se ha empeñado en agredir permanentemente a la policía. Por ejemplo, cuando el Consejo de Ministros en pleno tomó la decisión de violentar la Constitución inventado la historia de los saqueos. Sus aliados nos dijeron que de los cerros bajarían como bárbaros atilas para arrasar la ciudad. Se dieron cuenta de la animalada e inmediatamente pretendieron responsabilizar a la policía cuando, en realidad, fue la Dirección Nacional de Inteligencia la que inventó ese fantasma para tratar de impedir las protestas contra el Gobierno.
El tiro les salió por la culata. Cometieron infracción constitucional y la desobediencia civil se tradujo en la marcha de miles de peruanos que exigieron la renuncia del presidente Castillo. Sin embargo, para el presidente del Consejo de Ministros el responsable es, nuevamente, la policía, pues no controló el orden público. Precisamente, Torres aprovechó una entrevista en una radio colombiana para denostar a la institución policial aduciendo que no está preparada profesionalmente.
Es suicida que el Gobierno desfogue sus traumas y fracasos arremetiendo las veces que le viene en gana contra la Policía Nacional del Perú. La crisis política seguirá escalando aún más y la policía seguirá siendo la que ponga el pecho en las calles. Parece que olvidaron que es el escudo de un policía el que cubre al presidente de sus miedos a las preguntas incómodas de la prensa. Basta de humillarla. Es importante reivindicarla, pero no de palabras, sino retomando el proceso de modernización planteado por la propia policía durante el gobierno de transición.
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