"Tener un equipo policial con las características mencionadas, especialmente usando de manera honesta los recursos asignados, es, sin duda, un peligro para los políticos con rabo de paja y para los poderes fácticos que representan a las economías ilegales". (Foto referencial: GEC)
"Tener un equipo policial con las características mencionadas, especialmente usando de manera honesta los recursos asignados, es, sin duda, un peligro para los políticos con rabo de paja y para los poderes fácticos que representan a las economías ilegales". (Foto referencial: GEC)
Rubén Vargas Céspedes

En el mes de julio del 2016, inicios de un nuevo gobierno, el crimen organizado y la inseguridad ciudadana estaban desbordadas. El Callao y otras regiones fueron declaradas en estado de emergencia. Los principales indicadores vinculados a la criminalidad nos acercaban a los países centroamericanos más violentos. En homicidios, el promedio nacional por cada 100 mil habitantes era de 7,2, pero en Tumbes llegaba a 20,6 y en el Callao, a 15,2. Era similar lo que pasaba con los robos, extorsiones y, en general, con todos los delitos predatorios.

La gestión gubernamental que terminaba nunca entendió la naturaleza ni la magnitud de este problema. El divorcio entre la inteligencia policial, la pesquisa y el Ministerio Público fue la constante. Recurrir al populismo penal era el discurso consabido. En este contexto, se formó el llamado ‘escuadrón de la muerte’ en el que, para obtener ventajas personales de todo tipo, un grupo de oficiales y suboficiales falseaban información (especialmente de inteligencia) y simulaban enfrentamientos en los que asesinaron a más de 60 inocentes. Varios ministros del Interior de entonces festejaban esas operaciones como si fueran éxitos contra el crimen.

De esta oscuridad nació, el 29 de agosto del 2016, la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (). Los pilares en los que sostiene su estrategia contra el crimen son i) utilizar a la inteligencia operativa y electrónica como la principal arma de combate, ii) filtros constantes de integridad para todos sus jefes operativos, iii) trabajo conjunto con las fiscalías especializadas y iv) respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales durante toda la investigación y, especialmente, durante los megaoperativos. Gracias a esta fórmula, se controló rápidamente el crimen organizado. Los inicios fueron muy duros, primero venciendo las resistencias internas y, tal vez lo más difícil, enfrentando los ataques de personajes vinculados a la política y a los abogados que patrocinaban a las organizaciones criminales investigadas.

La Diviac desarticuló a más de 500 organizaciones criminales. Fueron miles las personas detenidas en sus megaoperativos. Sus agentes estuvieron presentes, apoyando a la fiscalía en los casos más complejos vinculados a la gran corrupción y son, en muchos temas, un referente importante para otras unidades de la y de otros países de la región.

Tener un equipo policial con las características mencionadas, especialmente usando de manera honesta los recursos asignados, es, sin duda, un peligro para los políticos con rabo de paja y para los poderes fácticos que representan a las economías ilegales.

Intentaron varias veces desaparecer a la Diviac. Amenazaron a sus jefes operativos, pero se mantuvieron en pie, hasta ahora. El actual comando policial, de manera absurda e irracional, decidió retirar de la Diviac a los oficiales operativos más experimentados. Por ejemplo, la oficial que estaba a cargo de las investigaciones contra la excongresista Luciana León y otros actuales congresistas tendrá que dirigir el tránsito en el norte del país. El oficial que denunció a un juez supremo e investigó a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ ahora estará a cargo de temas administrativos fuera de la Diviac.

Pero el problema no termina ahí. El comando policial decidió recortar drásticamente el presupuesto operativo, con lo que, probablemente, no se puedan terminar las investigaciones que estaban en curso, muchas vinculadas a casos de corrupción del actual Gobierno. Con esta medida, tampoco se podrán realizar megaoperativos ya programados porque requieren una logística compleja y costosa.

¿A quiénes les conviene que desaparezca o se castre a la Diviac? ¿Señor general PNP Javier Gallardo, su papel como comandante general no debería ser más bien el de apoyar, como hicieron sus antecesores, a una de las unidades más eficientes y emblemáticas que tiene la policía? Se huele a leguas el miedo a una policía profesional.

A todo esto, ¿no dirá nada el ministro del Interior, Avelino Guillén? Por la naturaleza de sus funciones, las unidades especializadas requieren siempre el respaldo de su comando y el de su ministro.

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