Los resultados electorales del domingo 26 han sido sorpresivos por la aparición en el Congreso de dos nuevos grupos políticos de corte más autoritario, cada uno a su manera. UPP (que tendría, según cálculos que se pueden hacer con los datos hasta el 97,1% de actas procesadas, 17 congresistas) aparece dominado por el pensamiento de Antauro Humala: violentista, machista y estatista. Por su parte, el Frepap (16 congresistas) se denomina a sí mismo como un partido teocrático con todo lo que ello puede llegar a implicar en política.
Por supuesto que los partidos políticos tienen distintas visiones y propuestas en varias dimensiones, desde el enfoque de género hasta la pena de muerte o la política externa. Sin embargo, concentrándonos solo en términos puramente económicos, el resto de partidos podría llegar a entrar en el tradicional eje izquierda-centro-derecha.
Agrupaciones como el Frente Amplio (12 escaños) se reclaman y son de izquierda. Mientras que Acción Popular (25), Somos Perú (7) y Podemos Perú (11) –Daniel Urresti/José Luna Gálvez– estarían más al centro del espectro. Finalmente, en ese orden, el Partido Morado (10), APP (20) y Fuerza Popular (12) cubren el resto del espacio de lo que podríamos denominar la derecha, aunque algunos se puedan reclamar como de centro.
Es decir, simplificando en términos puramente económicos y abusando de la aritmética, el “centro” tendría 43 congresistas, la “derecha” 42 y la “izquierda” 29 (si sumamos al FA y UPP), dejando al Frepap a un lado. Si asumimos al Frepap como de “izquierda” en lo económico, este sector llegaría a los 45 legisladores. En otras palabras, no se espera un cambio en el sistema económico general, plasmado en la Constitución de 1993.
Por el lado regional, los resultados son también muy ilustrativos. Lima y el resto del Perú presentan diferencias notables en la representación política. Si Lima fuese un país, UPP y APP no tendrían mayor espacio político y el Frente Amplio sería de igual tamaño que el PPC. Mientras que PP, el Partido Morado y el Frepap serían –en ese orden– las fuerzas dominantes, superiores a Acción Popular y Fuerza Popular. Si, en cambio, el resto del Perú fuese un solo país, AP, APP y UPP serían –en ese orden– los partidos dominantes.
Otro rasgo del nuevo Congreso es el número de agrupaciones políticas. El anterior tenía al inicio solo seis bancadas y, luego de tres años, ya contaba once. El actual Congreso comenzaría con nueve bancadas y, aunque ahora el tiempo es muy corto, se pueden esperar algunas divisiones.
En términos de apoyo o de oposición al Ejecutivo, se podrían esperar dos momentos distintos. Al principio, una fase de colaboración. No es muy popular oponerse a un gobierno que cuenta con una elevada aprobación presidencial. Así, se esperaría una relativa paz política que durase unos tres trimestres. Sin embargo, si la aprobación presidencial descendiese y se sumase a un contexto de campaña política con miras al 2021 –digamos, desde el cuarto trimestre del año–, la fase de conflicto puede aflorar. Siempre es rentable políticamente –dadas las elevadas debilidades de los servicios públicos– atacar al gobierno de turno para apuntalar al propio candidato de cada agrupación.
El nuevo Congreso tiene varias labores en el breve tiempo que ostentará el poder. Primero, deberá aprobar la mayoría de los decretos de urgencia. En particular, los más importantes en el terreno económico, como la ley de la agricultura, el control previo de fusiones y las nuevas trayectorias fiscales. También podría avanzar en normas de corte tributario y laboral que promuevan la formalización laboral. Y dejar más avanzado el debate sobre las pensiones.
Por el lado institucional, tendría que nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, algo que parece difícil dadas las mayorías requeridas para tal propósito.
Finalmente, la más importante reforma institucional es –de lejos– la reforma política. Una que logre un mejor sistema de representación, equilibrio de poderes, producción de mejores normas y atraiga a mejores cuadros políticos. Un sistema político mal diseñado como el actual no solo tiene consecuencias negativas directas sobre los diversos aspectos de la vida de los peruanos, sino también presenta efectos negativos en la economía nacional, a través de diversos mecanismos.
Otrosí. La reforma del sistema de justicia reclamada como un legado del gobierno ya no está en manos del Legislativo. Una reforma efectiva está en manos del Poder Judicial y el Ejecutivo, a través de un presupuesto por resultados aplicado a este importante servicio público.