El objetivo de las vacunas no debe ser el dinero, por Mariana Mazzucato, Henry Lishi Li y Els Torreele

Los anuncios recientes de resultados exitosos en dos ensayos clínicos de vacunas contra el COVID-19 generan esperanzas de que un regreso a la normalidad esté cerca. Los datos preliminares de las nuevas vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna son muy alentadores y hacen pensar que es inminente su aprobación de emergencia. Y noticias más recientes respecto de la eficacia de una vacuna desarrollada en forma conjunta por AstraZeneca y la Universidad de Oxford también dan motivos para esperar otros avances.

En teoría, la llegada de una vacuna segura y eficaz sería el comienzo del fin de la pandemia. Pero en realidad, no hemos terminado de empezar a lograr lo que realmente se necesita: una ‘vacuna de la gente’ que se distribuya en forma equitativa y gratuita.

Por supuesto que hay que elogiar todo lo que se ha hecho para poder crear vacunas en apenas unos pocos meses. Ha sido un enorme salto tecnológico para la humanidad. Pero ese salto se hizo desde un trampolín de décadas de inversión pública a gran escala en investigación y desarrollo.

BioNTech recibió US$445 millones del gobierno alemán, y Moderna recibió US$1 millón de la Coalición para las innovaciones en preparación para epidemias y más de US$1.000 millones de dos organismos estadounidenses. La vacuna de AstraZeneca Oxford recibió más de mil millones de libras (US$1.300 millones) de financiación pública.

Pero para que los avances tecnológicos se conviertan en salud para todos, es necesario que las innovaciones de creación colectiva se rijan por el interés público y no por la ganancia privada.

Ningún país podrá resolver esta crisis actuando solo. Por eso, necesitamos vacunas al alcance gratuito de todos. Pero el sistema de innovación actual antepone los intereses de los países de altos ingresos a los del resto, y las ganancias a la salud pública.

El primer paso hacia una vacuna de la gente es garantizar la plena transparencia de los resultados de los ensayos clínicos para permitir una evaluación independiente y rápida de la seguridad y eficacia de las vacunas. Mientras las acciones de las farmacéuticas se valorizan, los profesionales del área de la salud y la gente se ven obligados a tratar de adivinar los resultados de las pruebas.

Además, hay preguntas cruciales sobre las principales vacunas candidatas que todavía no tienen respuesta. Presiones políticas y económicas en los países de altos ingresos llevan a que las farmacéuticas estén tratando de acelerar la aprobación de sus vacunas. Por eso, han diseñado sus ensayos clínicos de fase III de modo que puedan obtener resultados positivos lo antes posible, en vez de responder preguntas importantes; por ejemplo, si la vacuna previene el contagio o solo protege contra la enfermedad.

Además, el proceso de distribución de las vacunas sigue dominado por los intereses nacionales (sobre todo, los de los países desarrollados). Aunque la plataforma internacional de compra y distribución COVAX es un gran avance, pierde efectividad frente a inmensos acuerdos bilaterales de compra anticipada de países ricos que pueden darse el lujo de apostar por varias vacunas.

En resumidas cuentas, los países ricos se han apropiado 3.800 millones de dosis de diferentes fabricantes, contra 3.200 millones (incluidos unos 700 millones de dosis para COVAX) para el resto del mundo. Es decir, reservaron dosis suficientes para dar cobertura a sus poblaciones varias veces, con posibilidad de que las dosis restantes no alcancen para vacunar ni siquiera a los grupos más vulnerables en los demás países.

Al mismo tiempo, como la carrera por las vacunas se centra sobre todo en los mercados occidentales, algunas candidatas serían muy poco viables fuera de un país desarrollado. La de Pfizer/BioNTech hay que conservarla a -70°C, una temperatura inferior a la del invierno antártico. La distribución de esta vacuna creará costosos y complejos desafíos logísticos, especialmente para los países de ingresos bajos y medios. Aunque otras candidatas (por ejemplo, la de AstraZeneca Oxford) son estables a temperaturas más altas, es notable que el primer producto que alcanza la fase de aprobación incluya un elemento tan evidente de discriminación de mercados.

Más allá de los intereses nacionales, acecha el problema de los aun más estrechos intereses privados, derivado de un modelo de innovación farmacéutica hiperfinancierizado. Ahora que la pandemia da a los inversores la posibilidad de una ganancia inesperada, la industria está ampliando el modelo de negocios para desarrollar futuras vacunas. Pero mientras los inversores aprovechan cotizaciones astronómicas y crecientes plusvalías, y liquidan las acciones de una empresa el mismo día que esta anuncia resultados preliminares prometedores en un ensayo clínico, la creación de una vacuna para la gente pasa a segundo plano.

La crisis del COVID-19 es una ocasión perfecta para saber si en los próximos años prevalecerá un modelo de innovación y producción más orientado a la salud pública. Las últimas noticias sobre vacunas han traído esperanza, pero también han puesto de manifiesto la disfuncionalidad del modelo de negocios de la industria farmacéutica y siembran dudas sobre la posibilidad de lograr una vacuna para la gente y salud para todos. Antes de que llegue la próxima pandemia, tenemos que entender que las vacunas son bienes públicos comunes y empezar a reorientar el sistema de innovaciones hacia un modelo simbiótico de colaboración entre el Estado y la empresa privada que se rija por el interés público.

Traducción: Esteban Flamini

–Glosado y editado–