Los electores, por César Azabache Caracciolo

Hace algunos días registramos un escándalo de proporciones mayores en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero temo que no hemos tomado el asunto en su exacta dimensión. El presidente del cuerpo que elige a nuestros jueces y fiscales, Pablo Talavera Elguera, uno de los magistrados de mejor trayectoria en nuestro medio, renunció. Y no lo hizo por razones personales.

Renunció después de que el pleno del consejo decidió, sobre bases deleznables, perdonarle la vida al señor Alfredo Quispe Pariona, elegido representante ante el CNM por los colegios profesionales. Quispe Pariona debe enfrentar una investigación por corrupción en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

Parece sencillo entender que en esas condiciones, sea inocente o culpable, no puede actuar como elector de magistrados. Quispe Pariona debió renunciar por su propia iniciativa, pero en lugar de hacerlo defendió el cargo y el pleno acordó respaldarlo. Talavera Elguera se apartó por esto. Para neutralizar las consecuencias de su renuncia, el CNM revisó su decisión y vacó a quien en realidad nunca debió postular al cargo.

Hay casos que admiten una disculpa para volver las cosas al equilibrio. Hay otros en los que un despropósito evidencia la inhabilidad de una persona o de un colectivo entero para cumplir una función encomendada. El Caso Quispe Pariona pertenece al segundo grupo, de manera que, ocurridas ya las cosas, la única solución posible supone recomponer al CNM por completo. 

Entiendo que José Rogelio Gonzales, llamado a reemplazar a Talavera Elguera, ha renunciado al cargo como expresión de su molestia con esta situación. Creo que la Junta de Fiscales Supremos deberá secundarlo y promover la renuncia de sus propios representantes al CNM. Si esto ocurre, el CNM quedaría reducido a cuatro miembros y no podría tomar decisiones hasta que sea reorganizado. Así, la crisis justifica una intervención urgente como esta.

Comprendo que cueste entender la complejidad del asunto. El CNM no es, como el Tribunal Constitucional o la Defensoría del Pueblo, una entidad cuyas competencias o funciones sean fácilmente comprensibles por los ciudadanos. 

Lo instauramos como un cuerpo de electores a quienes entregamos la designación de jueces y fiscales de la República, pero no hemos logrado que la comunidad se comprometa activamente en este proceso. En consecuencia, la actividad del CNM se mantiene casi invisible a los ojos de los ciudadanos. Y la invisibilidad es el mejor ambiente para la corrupción de las autoridades públicas de todo tipo.

No es sencillo elegir a las autoridades que deben resolver nuestras controversias. Necesitamos jueces y fiscales a quienes podamos reconocer como autoridades morales independientes, magistrados que no ingresen a sus cargos hipotecados por ningún compromiso adquirido en el proceso que les designa. 

Para ello, necesitamos un colectivo de electores que llegue al CNM por el honor que representa el cargo, personalidades intachables, fuertes moralmente, de cuyo origen e intenciones no tengamos dudas. No me corresponde juzgar al señor Quispe Pariona, pero una persona sujeta a investigación no puede ser elector de magistrados. 

Si el pleno no ha podido entender esto, entonces debemos cambiarlo. Hay que advertir, de paso, que estamos descuidando –y no debemos hacerlo– uno de los procesos de designación de autoridades públicas más importantes de nuestro medio.