La gobernadora de Arkansas firmó este mes un proyecto de ley que deroga la protección del trabajo infantil en ese estado, facilitando a los empresarios la contratación de menores de 16 años. En otros lugares se están estudiando proyectos de ley para permitir que adolescentes de 14 y 15 años trabajen en fábricas de carne y en otros oficios peligrosos, y que los de 16 y 17 años trabajen en obras de construcción.
Estados Unidos está experimentando un aumento de las violaciones de las leyes de trabajo infantil a una escala que no veíamos hace muchos años. Las leyes de Estados Unidos prohíben ciertos trabajos muy peligrosos para los menores, pero recientes reportajes de “The New York Times” y Reuters han sacado a la luz casos de niños inmigrantes de tan solo 12 años que trabajan en fábricas de automóviles, procesadoras de carne y obras de construcción. En esta trama, las empresas de renombre suelen eludir su responsabilidad recurriendo a subcontratistas y agencias de empleo.
El Departamento de Trabajo ha advertido de un aumento del 69% del trabajo infantil desde el 2018 y encontró que, en el último año fiscal, 835 compañías emplearon a más de 3.800 niños, en abierta violación de las leyes federales. ¿Qué está pasando y por qué ahora? Cuando salen a la luz casos de trabajo infantil, por otro lado, ¿no deberían los funcionarios reforzar las leyes y financiar su aplicación en lugar de permitir la explotación de más niños?
Ante una escasez de mano de obra, parece que algunos intereses empresariales y legisladores prefieren ampliar el grupo de trabajadores para incluir a niños vulnerables en lugar de mejorar las condiciones de trabajo para atraer a empleados de adecuada edad. Esto es vergonzoso y debe cesar inmediatamente.
La escasez de mano de obra en Estados Unidos es un resultado previsible de las decisiones políticas de los últimos años; en concreto, de las relacionadas al COVID-19 y los inmigrantes. Muchos empresarios fueron negligentes con la salud y la vida de sus trabajadores. Como era de esperar, estas políticas redujeron la mano de obra disponible. El déficit del mercado laboral también se debe a un descenso de la inmigración y un aumento de la emigración; resultados previsibles de las políticas antiinmigración. Los refugiados pueden aplicar a permisos de trabajo y deberían ser empleados atractivos.
Por supuesto, es bueno que los adolescentes tengan trabajo. Pueden adquirir responsabilidades y aprender mucho en sus primeras incursiones en el mundo laboral. Lo que la ley prohíbe son las condiciones laborales que interfieren en el bienestar físico y educativo de los adolescentes al exigirles jornadas excesivamente largas o trabajos muy peligrosos.
Hasta la fecha, la mayor parte de la atención se ha centrado en el gobierno de Joe Biden, que ha anunciado un plan que incluye usar todas las herramientas disponibles para hacer cumplir la ley y una auditoría sobre las políticas de colocación de niños inmigrantes, además de mayores sanciones por trabajo infantil (por primera vez la sanción máxima es de unos US$15.000 por niño). Pero todos los niveles de gobierno podrían hacer más.
Se necesitan leyes estatales y locales más estrictas. Algunas penas estatales son absurdamente insignificantes (la sanción en Colorado por una primera infracción a la ley del trabajo infantil es de entre US$20 y US$100). Las leyes también deben responsabilizar a las empresas y no permitirles que desvíen la responsabilidad a subcontratistas o agencias de empleo por las violaciones a la ley que se produzcan durante la fabricación de sus productos.
Incluso discutir sobre si los adolescentes de 14 años deberían trabajar en plantas de envasado de carne, como si fuera un tema apropiado para un debate político legítimo, corre el riesgo de normalizar una práctica que debería estar totalmente fuera de discusión. Necesitamos salarios más altos, lugares de trabajo más seguros y mejores empleos. Lo que no necesitamos es más trabajo infantil opresivo.
–Glosado, editado y traducido–
© The New York Times