Entre la inclusión y la discriminación, por Andrea Querol Lipcovich

Discriminar al otro, a quien es diferente, es un problema histórico que preocupa al mundo de hoy. El ‘bullying’, el racismo y la xenofobia son diversas formas de expresión de un mismo fenómeno. En el Perú no somos distintos: se discrimina al más gordo, al afeminado, al moreno, al blanco, al cholo, al pobre, al provinciano, a la población LGTBI, y, ahora, al extranjero. La discriminación, más aún si viene acompañada de estigmatización, conduce a la vulnerabilidad de las personas.

Por vulnerabilidad entendemos el conjunto de factores o condiciones que establecen la posibilidad de sufrir un daño o perjuicio. Desde lo individual, características personales, así como el entorno cercano o familiar, pueden exponer a la persona a situaciones de riesgo. Desde lo social, la pobreza, la inequidad, la afectación de derechos, la inseguridad o la migración irregular son variables que pueden incrementar la vulnerabilidad.

En el caso de la trata de personas existen dos potenciadores de la vulnerabilidad: las necesidades de la víctima y la trama de engaño que urde el tratante. La intensidad y diversidad de la necesidad varía de una persona a otra y de un día para otro. Cuando la necesidad es más urgente, la víctima es más vulnerable. El engaño, segundo potenciador, es la estrategia preferida de los explotadores y el desarraigo de la víctima migrante favorece que se deje engatusar, pues la víctima desconoce la geografía, las costumbres y la realidad de donde se encuentra. El desconocimiento incrementa su indefensión.

La migración, bajo condiciones de irregularidad, está asociada a la trata de personas. Ese flujo informal de personas es, probablemente, el que está más expuesto a caer en las redes de crimen organizado o en manos de tratantes durante el camino o en el lugar de destino.

Del total de extranjeros en el Perú, el INEI (diciembre 2019) ha establecido que el 47,7% son mujeres y que la principal concentración de este grupo se encuentra entre los 15 y 35 años, rango etario que corresponde a las mujeres explotadas sexualmente en el Perú. Hay un número no definido de migrantes irregulares, facilitado por una frontera porosa, y del que dan cuenta los operativos policiales. Varios de ellos víctimas del tráfico ilícito de migrantes.

La vulnerabilidad se incrementa ante la falta de oportunidades para emerger. O, dicho de otra manera, ante la imposibilidad de insertarse en una comunidad con una perspectiva de crecimiento personal, emocional o económico. Es por ello que el Estado, una vez que logra rescatar víctimas de trata, sabe que debe ayudarlas en este proceso de inclusión social o reintegración en la comunidad y tiene claro que es fundamental generar oportunidades educativas y laborales, además de ofrecer servicios que atiendan las necesidades básicas como salud y alimentación, entre otros.

Los tratantes peruanos son violentos y usan los resquicios que les ofrecen la falta de controles, los vacíos normativos y la informalidad. Y claro, conocen las leguleyadas que se pueden realizar, mientras que quizás los tratantes extranjeros están dispuestos a arriesgar más y son más avezados. Juntos redescubren caminos, fortalecen sus redes y aprovechan la vulnerabilidad de las potenciales víctimas. Intercambian modalidades y estrategias para salir mejor librados si son detenidos, y, sobre todo, para lograr mayores ganancias en la explotación de seres humanos. Pero la crueldad ejercida sobre las mujeres, la cosificación de las víctimas y la falta de compasión, es la misma, se trate de víctimas peruanas o extranjeras.

Y sí, no se puede negar que se ha incrementado el número de víctimas de trata de personas venezolanas, pues, en el 2017 los medios reportaron 3 víctimas, en el 2018 175 y durante el 2019 se registraron 210. Pero también se incrementaron año a año las víctimas peruanas. Según los reportes del Ministerio Público, en el Perú las víctimas se cuentan por miles. Los tratantes están al acecho de estas personas, de las más vulnerables, en particular de las mujeres. Las venezolanas, o “extranjeras” como las llaman ahora, pertenecen a este grupo que requiere ser parte de la política de inclusión social.

Si queremos proteger a todas, el Estado debe, al igual que a otros, ofrecerles opciones de estudios y empleo, además de protección. Debe igualmente organizar estrategias oportunas que no las dejen aún más expuestas a las redes de trata y explotación, que saben aprovechar las brechas, cada vez más grandes, entre la inclusión y la discriminación.