En México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acaba de anunciar la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción que permitirá abordar el problema de la corrupción de manera integral, como se lo habíamos propuesto junto a estudiosos y académicos.
Además, se está creando una fiscalía especial para sancionar los delitos de corrupción, se está creando un tribunal independiente para las sanciones administrativas y se está dando mayores facultades a la Auditoría Superior para poder auditar prácticamente en vivo y entregar de inmediato los resultados, y no al cierre de la auditoría de la Cuenta General.
Asimismo, el gobierno ha decidido continuar el fortalecimiento del control interno dentro de las dependencias y secretarías del Estado como una medida preventiva contra la corrupción. De este modo, ha desistido de sustituir esta función de autocontrol por una instancia especializada en corrupción, lo que consideramos acertado.
Otro aspecto importante es el reconocimiento constitucional de lo que es el Sistema Nacional de Fiscalización, medida que planteamos para que exista una mejor coordinación, comunicación e interacción de todos los entes federados que nos dedicamos a la fiscalización o la auditoría gubernamental. Ello con el propósito de evitar duplicidades en el trabajo, tener una cobertura mayor y poder utilizar los mismos procedimientos, el mismo código de ética y las normas internacionales que hemos discutido durante el Congreso de la Olacefs.
En el Poder Judicial hay que hacer una reforma para que los jueces actúen de forma más honesta. El siguiente paso es realizar una revisión de fondo de los jueces y la aplicación final de las sanciones. A veces hay investigaciones muy amplias y bien sustentadas, pero los jueces liberan a los presuntos implicados en hechos de corrupción.
Todos sentimos que hay inconformidad con los resultados de la lucha anticorrupción porque no hay sanciones, hay impunidad, y esto sigue creando mayor corrupción.
¿Cuál es la parte importante de este esquema que estamos proponiendo nosotros en México? Promover mucho la previsión y el fortalecimiento del control interno (autocontrol), las buenas prácticas, la integridad del personal, la selección adecuada de los funcionarios públicos y la selección de los dirigentes en los municipios. Todo esto a fin de que los servidores públicos podamos hacer mejor las cosas.
En nuestro país, la Auditoría Superior no tiene como principal objetivo combatir la corrupción, sino contribuir a que mejore la gobernanza, a que se utilicen los recursos públicos en los programas aprobados por los congresos y por los montos consignados, y que se cumpla con los objetivos o metas trazadas.
Las entidades superiores de fiscalización no somos las únicas responsables del combate contra la corrupción. En algunos países, las entidades fiscalizadoras superiores pueden ser responsables ante los pactos o convenios que firman internacionalmente. Pero son los gobiernos los llamados a liderar la lucha contra la corrupción, en lo que corresponde a prevenir actos irregulares y a aplicar sanciones.
Ojalá tengamos todos los países instituciones con la suficiente independencia del ejecutivo como para poder imponer las sanciones correspondientes en casos de corrupción.
*Auditor Superior es el cargo equivalente a Contralor General en México.