Inseguridad en democracia

El estado de emergencia no es una solución para combatir la inseguridad ciudadana en democracia y en Estado de derecho.

Para ello contamos con la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 (PNMSC 2030) y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), compuesto por instancias de coordinación interinstitucional: Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), comités regionales de seguridad ciudadana (Coresec), comités provinciales de seguridad ciudadana (Coprosec) y comités distritales de seguridad ciudadana (Codisec). En cada nivel, según corresponde, participan representantes de todos los sectores del Ejecutivo, del Poder Judicial, de la fiscalía, así como representantes de los gobiernos regionales, provinciales y distritales, además de organizaciones de la sociedad civil. A la cabeza de este sistema está la presidenta Boluarte.

El sistema debería priorizar y combatir los tres delitos que concentran nuestras cárceles: delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual y el tráfico ilícito de drogas, en todas las instancias del sistema con acciones de prevención y persecución.

Sobre la base del sistema se encuentran los alcaldes distritales, que presiden sus comités de seguridad ciudadana y gestionan el dinero público para nuestra seguridad. A ellos les corresponde planificar contra los delitos comunes que ocurren en el espacio público y que llenan las cárceles peruanas de jóvenes sin oportunidades. Es responsabilidad del alcalde mantener el ornato del espacio público limpiando calles, recogiendo basura, parchando pistas y veredas, poniendo luces, sacando cables en desuso, instalando cámaras de videovigilancia; es decir, cuidar del espacio público para que los vecinos puedan tener una buena calidad de vida. Además de las tres gerencias importantes: serenazgo, fiscalización y tránsito, se suman las juntas vecinales, que tienen una voz frente a sus gobiernos locales. ¿En qué va a sumar el estado de emergencia al trabajo vecinal?

El segundo tema crítico de inseguridad es la violencia contra la mujer, las niñas y adolescentes. Aquí los municipios, al igual que el Ejecutivo, tienen servicios tanto de atención como de prevención. Es el segundo delito por el que hay más personas privadas de libertad luego de los delitos contra el patrimonio. ¿En qué medida las FF.AA. actúan eficazmente cuando encuentran en flagrancia una situación de violencia contra la mujer? Sabemos que las tasas de violencia se incrementaron durante los estados de excepción por pandemia debido al encierro. ¿Como se puede enfrentar la violencia contra las mujeres con el encierro nocturno?

El crimen organizado es el reto más complejo. Para ello, la inteligencia con los operadores de justicia en pleno debe dar resultados. El Ejecutivo, el Poder Judicial y la fiscalía, junto al INPE, son los llamados a investigar. El crimen organizado nacional e internacional mueve millones y se vincula con lavado de activos, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes. Se necesita una coordinación al más alto nivel.

Declarar en estado de emergencia a dos o más distritos de Lima no va a resolver a corto plazo la inseguridad; por el contrario, expone a las FF.AA. a cumplir una función para la que no están entrenadas. La presidenta debe activar el Sinasec, implementar un sistema de seguimiento mediante reuniones constantes para el cumplimiento de metas medibles a corto plazo en estos tres temas y dotar de presupuesto por resultados para todos los miembros. Se podría incorporar la participación de la sociedad civil en obras y servicios por impuestos.

A este ritmo, seguiremos entrando y saliendo de estados de excepción. Lo peligroso es acostumbrarnos y pensar erróneamente que entregando nuestros derechos y libertades ciudadanas vamos a vivir más seguros.