Algunos sostienen que el Congreso debería de reducirse, pues su costo excede el valor que genera. Otros argumentan que la legislatura está llamada a cumplir una función vital en un régimen democrático, pero que, en el caso peruano, no la cumple debido a su diseño unicameral y a la crítica situación de las organizaciones políticas, lo que ha traído abundantes leyes de baja calidad y una crónica y profunda crisis de representación. Ante ello, se han planteado opciones como el bicameralismo o una oficina que evalúe y advierta sobre la calidad de las leyes antes de su aprobación.
Los estados necesitan financiarse con recursos para desarrollar sus labores. Contar con un presupuesto implica recaudar y poner los recursos al servicio de la gente, mediante intervenciones costo-efectivas. Sin embargo, en medio de múltiples crisis como las que vivimos, escasean los recursos y abunda la desconfianza. El Congreso destaca como la institución peor evaluada y parece que nada de lo que hace es rescatable. ¿Existe una alternativa a mantener el desempeño actual o promover su reducción?
Hoy se pide lograr más con menos. Sin embargo, si bien alcanzar este objetivo (mayor satisfacción con la labor de representación) tiene un costo, este no se reduce al económico.
En un libro sobre la “Nueva Gestión Pública” (NGP) en Inglaterra, Hood & Dixon (2015) analizan décadas de reformas para determinar si la promesa de la NGP de tener un estado que “cueste menos y haga más” se ha cumplido. ¿Nos planteamos con seriedad esa pregunta en el Perú?
La NGP no es la solución, pero cabe hacerse la pregunta. Al final, la ruta que resulta más conveniente para avanzar en el fortalecimiento institucional a la par de entregar mejores servicios para favorecer mejores condiciones de vida es educar, proponer y lograr financiar medidas que no sean solo efectivas, sino políticamente viables. Su implementación depende finalmente de esto último.
Otra opción es buscar un cambio sistémico, pero ello requiere de una coyuntura crítica, capaz de mover los cimientos de lo existente y que permita arribar a un nuevo punto de equilibrio. Pero no es la única alternativa. Así, se pueden proponer medidas no tan ambiciosas ni difíciles de alcanzar por la connotación que conllevan, pero que, restando presupuesto de lo que evidentemente no funciona y siendo reasignado para esta finalidad, resultarían un avance.
El incrementalismo ayudaría a salir del paso. Por ejemplo, un marco normativo para hacer interoperables los sistemas y transparente la información no soluciona todo, pero es un importante paso para recuperar no solo la economía, sino también la confianza de la ciudadanía.