Facultades y fruta madura, por Enrique Cavero Safra

En el actual contexto de desaceleración económica, hay una urgente necesidad de eliminar barreras burocráticas que entorpecen innecesariamente la economía. El gobierno, con tal finalidad, ha solicitado facultades legislativas al Congreso, que le han sido otorgadas por noventa días.  Y sería una buena idea comenzar por incluir en el paquete legislativo lo más fácil y evidente; aquello que los anglosajones llaman ‘low hanging fruit’ refiriéndose a los frutos del árbol que están maduros y al alcance de la mano.  

Una de las barreras burocráticas más perjudiciales y sin sentido en el país es la obligación que tienen las empresas de solicitar un permiso previo de la Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) para poder realizar promociones comerciales (sorteos, concursos y otras modalidades de entrega de premios a los consumidores). Ello es absurdo, para empezar, porque la protección del consumidor no es tarea del Ministerio del Interior, sino del Indecopi, ente que ya fiscaliza y sanciona de forma bastante eficiente los incumplimientos de las empresas, incluyendo los relativos a las promociones comerciales.

Pero la intervención de la Onagi no solo es redundante e innecesaria, sino también tremendamente ineficiente, porque implica un examen previo de las iniciativas empresariales a fin de “autorizarlas”, lo cual no tiene sentido en una economía de mercado. Es un rezago del velasquismo y las épocas de la planificación central, cuando había que pedir permiso al gobierno para comprar, vender, producir, importar, exportar, etc. Los requisitos involucrados son arbitrarios y absurdos, como tener que demostrar la propiedad de los premios o presentar cartas-fianza, explicar en detalle los mecanismos de la promoción y la publicidad, certificar los actos no solo por notario, sino también por un funcionario de la Onagi, además de una serie de restricciones y plazos (como por ejemplo uno curiosamente perentorio para entregar los premios, luego de lo cual estos pasan a propiedad de la Onagi).  

Es decir, en lugar de actuar en el porcentaje de casos donde pudiera haber incumplimientos, procesando denuncias, sancionando y haciendo cumplir lo ofrecido, como hace Indecopi, la Onagi lo que hace es ponerle trabas al 100% de empresas que quieren hacer promociones en beneficio de los consumidores, generando costos adicionales innecesarios, retrasos, incapacidad de reacción y causando muchas veces (sobre todo con las empresas más pequeñas) que las promociones simplemente no se realicen. Por último, en casos de eventual incumplimiento, la consecuencia (una ilegal expropiación de los premios) no beneficia al consumidor, sino a la Onagi, brazo político del gobierno en las regiones, que termina regalando los premios “con fines sociales” como si fueran suyos y a quien mejor les parece.

Esta regulación, contenida en el Decreto Supremo 006-2000-IN y su respectivo TUPA, ya ha sido analizada desde el punto de vista técnico por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, que la ha declarado ilegal e irracional. Y no se necesita una regulación sustitutoria, porque esta ya existe y funciona bastante bien en manos del Indecopi. Basta con dejar sin efecto toda necesidad de permiso previo. El efecto dinamizador que ello tendría es importantísimo, pues el actual efecto desincentivador es enorme y transversal a todos los negocios e industrias que llegan al consumidor final.