Fe en la zonificación, por José García Calderón

La suspensión del Reajuste Integral de la Zonificación (RIZ) de Lurín aprobada por el Concejo de Lima ha revelado un rosario de debilidades en la gestión y planificación del desarrollo urbano de la capital. El primero de ellos es la discrecionalidad que permite la norma vigente, la ordenanza MML N° 1862, para la toma de decisiones tan importantes que atañen, no solo a los vecinos de un distrito en particular, sino a toda la metrópoli en su conjunto. Resulta incomprensible, cuando menos, que cuando la aprobación del RIZ entró a debate hace tres semanas para su aprobación en el Concejo, la ciudadanía no haya tenido conocimiento de la versión del plano final de la propuesta. Inexplicablemente, la norma solo obliga a una difusión al inicio del proceso, pero no dice nada respecto a la difusión luego de los aportes y observaciones de la población.

El debate para la suspensión en el Concejo ha revelado, asimismo, que los alcances reales de la zonificación suspendida superaban largamente los de la atención de necesidades básicas de un sector de la población de Lurín. No se puede dejar de mencionar que es cuestionable que los promotores del RIZ hayan usado este argumento como excusa para calificar terrenos desocupados que se benefician con zonificaciones que permitirían grandes inversiones comerciales o de vivienda, las cuales deberían darse, pero en áreas con condiciones más adecuadas como las pampas de San Bartolo, por ejemplo. Sedapal ha hecho, además, una necesaria aclaración sobre los requisitos necesarios para atender la demanda de agua y ya no quedan dudas de que la zonificación no era un obstáculo. Esto, para bien y para mal, porque queda claro también que la provisión de servicios básicos puede prescindir completamente de los instrumentos de planificación urbana, entre ellos la zonificación.

En un contexto de débil planificación urbana, la zonificación se ha consolidado como el instrumento estrella, al que se le atribuye la responsabilidad de garantizar un adecuado ordenamiento de los usos del suelo en nuestras ciudades. Esto, sin embargo, ya no es así en la mayoría de ciudades del mundo que han conseguido logros tangibles en materia de desarrollo urbano y en las que ha quedado claro que la zonificación requiere ser construida participativamente, complementada por una batería de nuevos instrumentos y acompañada de acciones de gestión y fiscalización eficientes. ¿Qué sentido tiene volver a zonificar el valle bajo de Lurín, aun así sea atendiendo a los reclamos de la ciudadanía, sin ninguna fiscalización efectiva ni la activación de procesos de gestión que cuenten con los recursos necesarios para conseguir sus fines? A todas luces no será posible encontrar un modelo viable para uno de los principales elementos de la estructura ecológica de la metrópoli solo con una regulación estática del suelo y este es uno de los aspectos que debe ser abordado en el marco del proceso de formulación del nuevo plan urbano para Lima, dentro del cual debería hacerse la revisión del RIZ suspendido.

Cabe mencionar, finalmente, que, a pesar de sus limitados alcances, probablemente la zonificación sea el único poder de competencia exclusiva que ejercen las municipalidades provinciales, en un contexto de debilidad institucional de los gobiernos locales propio del modelo de Estado centralista que tenemos. Frente a otras entidades del Estado es una efectiva herramienta de negociación y, frente a intereses particulares, es un apreciado botín. Debe ser gestionada, por lo tanto, supeditada a la definición de un modelo de ciudad que debe ser construido participativamente y con la máxima responsabilidad que demanda el interés público, más aun ahora que la ciudadanía se encuentra alerta y vigilante sobre decisiones políticas que comprometen el futuro de la metrópoli.