¿Cómo se financiará a los partidos?, por Gerardo Távara

A partir del próximo año, el Estado asignará dinero del presupuesto público a los partidos políticos. El tema no es popular, lo sabemos; las comprensibles resistencias de la población al financiamiento público a los partidos se irán superando en tanto estos mejoren su desempeño e incrementen la transparencia en sus finanzas.

La Ley de Partidos Políticos dispone que el Estado asigne dinero efectivo a los partidos en función de la votación. El cálculo se realiza multiplicando cada voto emitido en las elecciones parlamentarias por el 0,1% de la UIT; el total se divide entre los cinco años que dura el mandato parlamentario y luego entre los partidos políticos que obtuvieron representación en el Congreso. El 40% se distribuye de forma equitativa entre estos partidos y el 60% de forma proporcional a los votos obtenidos por cada uno de ellos. Así, se combina un criterio de equidad por el cual todos los partidos que llegan al Congreso reciben un monto similar y, a la vez, un criterio de “premio” a quienes obtuvieron mayor cantidad de votos en tanto ello expresaría mayor representatividad. 

El cálculo, distribución y supervisión corresponden a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para el quinquenio 2017–2021, la ONPE ha calculado que deben distribuirse 14’813.498,56 soles anuales entre los seis partidos con representación en el Congreso. Este monto equivale a 0,01% del Presupuesto General de la República proyectado para el 2017.
Siendo un monto marginal en el presupuesto de la República, no lo es para los partidos políticos.

Fuerza Popular, ganador de las elecciones de abril, recibiría poco más de 4,5 millones de soles anuales; al que menos votos obtuvo, Acción Popular, le corresponde poco más de 1 millón 600 mil soles. ¿Qué harán los partidos políticos con este dinero? De acuerdo con la ley, el financiamiento público directo solo puede destinarse a actividades de capacitación y formación y a funcionamiento ordinario; es decir, a la formación de sus afiliados y simpatizantes y al mantenimiento de locales, por ejemplo. No puede destinarse a campañas electorales.

Desde Transparencia hemos expresado nuestro acuerdo con el financiamiento público directo a los partidos políticos. Y es que los partidos tienen una finalidad indispensable para la democracia: canalizar los intereses de la población, formar la opinión ciudadana y acceder a posiciones de gobierno. Por ello, debe ser interés y responsabilidad del Estado contribuir con la solidez de los partidos políticos. Es por esta misma razón que se justifica la regulación y el control estatal de las finanzas partidarias, así como de su democracia interna y requisitos para su reconocimiento y vigencia.

Al ser la primera vez que en el Perú se asigna dinero público a los partidos –cosa que ocurre ya en la mayoría de países de la región– hay aspectos que requieren ser precisados tanto por la ONPE como por los propios partidos. El primero es, sin duda, el buen uso de los recursos; los partidos tienen una oportunidad más para fortalecer sus comités afiatando las capacidades programáticas y estratégicas de sus dirigentes y militantes. Las propuestas de establecer un tope de 50% a gastos ordinarios y destinar un tercio para actividades en la capital y dos tercios en las regiones pueden ser promovidas como buenas prácticas partidarias y convertirse luego en norma. Es sabido que uno de los principales reclamos de la población es que los partidos aparecen en las regiones solo en época electoral y luego se repliegan en Lima, aquí hay una oportunidad para superar esta deficiencia.

Los partidos pueden destinar también parte de este dinero para mejorar su contabilidad y, así, cumplir adecuada y oportunamente con los reportes que exige la ONPE. Las propuestas de reforma presentadas por Transparencia como parte del Plan 32 incluyen sanciones políticas para los partidos que infrinjan las normas sobre financiamiento público y privado, sanciones que pueden ir desde la ubicación en los últimos lugares de las cédulas de votación hasta la suspensión del Registro de Organizaciones Políticas en los casos más graves.