El Gobierno en su recta final, por Lourdes Flores Nano

El presidente Ollanta Humala inicia su cuarto año de gestión con las líneas maestras trazadas en su discurso del 28 de julio; con las expresiones coincidentes de la flamante primera ministra y el duradero ministro de Economía anunciando un esfuerzo por recuperar confianza y con un publicitado y ambicioso plan de diversificación productiva a cargo del Ministerio de la Producción.

No habiendo oído el mensaje por encontrarme fuera del Perú, he leído con satisfacción que se han señalado prioridades (educación, salud y seguridad) como reconocimiento de un gobierno al que apenas le quedan 24 meses de gestión. 

Considero igualmente destacable el mayor énfasis mostrado por la inversión en sectores como Educación y Salud y en reformas de fondo como el fortalecimiento de la carrera magisterial, la ampliación de una exitosa política de becas (Beca 18, Beca Presidencia de la República) para forjar capital humano nacional o el impulso a un Estado financiador de la salud y no necesariamente proveedor de todos sus servicios, por encima del énfasis mostrado en los primeros años en los programas sociales como eje de la política de inclusión. Estos últimos, aunque no están ajenos en el discurso presidencial e incluso se anuncian nuevos programas de apoyo a sectores vulnerables, no aparecen con la misma fuerza determinante con la que la presente administración definió su estrategia de lucha contra la pobreza. Si el gobernante Humala ha aprendido en la gestión que, para derrotar a la extrema pobreza y lograr inclusión, más vale la mirada de largo aliento que la redistribución inmediatista con la que comenzó imitando al PT brasileño, ha sido un aprovechado alumno y el país ha ganado un hombre de Estado. Ese aprendizaje debe ser ponderado sin mezquindad. Por lo demás, será fundamental fiscalizar adecuadamente el destino de los cuatro mil millones de soles y dos mil quinientos millones que se anuncian, respectivamente, en los presupuestos de Educación y Salud. Es tarea común del Gobierno y de la oposición asegurar la mayor eficiencia de ese gasto y la evaluación de su resultado.

Se esperaba del mensaje presidencial señales inequívocas de confianza. El impacto del discurso no ha sido suficiente en ese campo. Recientes declaraciones de la primera ministra y del ministro de Economía intentan suplir esa deficiencia. Ese debería ser el plato fuerte del debate del 20 de agosto cuando el Gabinete Jara concurra al Congreso.

El tema de la confianza atraviesa la gestión Humala. En su origen, el temor provino del irresponsable discurso de campaña. Con su viraje, el gobernante fue más confiable que el candidato, pero no fue suficiente. Algunos amagos y algunas puntuales concreciones de repotenciar la actividad empresarial del Estado tampoco ayudaron a generar confianza. En los últimos tiempos, la desaceleración de la economía nacional ha revivido ese déficit de confianza. El Gobierno ha reaccionado con un febril plan de inversiones públicas. Siendo megaproyectos esperados, hemos visto con sorpresa la velocidad de las adjudicaciones y la poca transparencia de las condiciones pactadas, lo que, lejos de crear confianza, genera dudas y suspicacias. La relación empresa privada-Estado no ha alcanzado hasta hoy la confianza necesaria.

Pero, siendo positivos, estamos lejos de los temores de tres años atrás y por eso corresponde invocar mensajes claros para la recta final.

En mi concepto:
 

a) Es correcto poner énfasis en un Estado que necesita cambiar. En 24 meses, pienso que simplificar la ‘tramitología’ y potenciar Servir (como fuente de capital humano para la gestión pública) son desafíos más que suficientes.
 

b) Es indispensable que el sector privado y el Estado trabajen juntos. En 24 meses, estimo que los esfuerzos público-privados y las obras con impuestos son escenarios aleccionadores. Resulta alentador que los sectores Educación y Salud se muestren abiertos a esta tarea compartida.
 

c) Es fundamental erradicar el discurso antimercado. En una economía social de mercado, el rol regulador y fiscalizador del Estado es insustituible, pero no se puede pretender ignorar el mercado. Hay que creer en él, porque es el mejor asignador de recursos y es el escenario donde, por encima de la empresa y del Estado, quien manda es el consumidor. Por eso, no ha sido positivo el mensaje intervencionista que ha legado la Ley Universitaria y resultará trascendental aclarar los alcances del denominado plan de diversificación productiva. Aunque este plan merece un análisis más detallado, baste decir que hace más de 30 años Arnold Porter marcó el derrotero de áreas de diversificación (turismo, industria textil, por ejemplo) en las que el Perú tiene ventajas competitivas en el mundo global de hoy. Deberíamos centrarnos en ellas, pues se originan en condiciones de mercado y no caer en la tentación de pretender –con consejos o planes burocráticos– crear artificiales actividades productivas en el predeterminado propósito de diversificar la economía nacional. 

¡Que la prudencia guíe al Gobierno en su recta final!