(Ilustración: Daniel Yucra Concha)
(Ilustración: Daniel Yucra Concha)
Alicia del Águila

En estos días de debate sobre la , en particular por la conformación de la , se han expresado opiniones diversas, algunas sin sustento. Vale la pena hacer ciertas precisiones.

La paridad no es inconstitucional. Los mecanismos afirmativos han sido reconocidos en nuestra legislación desde que en 1997 se aprobó la cuota de género en las listas electorales. Ello en seguimiento a los propios compromisos asumidos por el país, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Cedaw, tratado ratificado por el Perú (1981). En él los estados miembros se proponen la adopción de mecanismos afirmativos “para acelerar la igualdad entre mujeres y hombres” (Art. 4).

Ni paridad ni cuotas son incompatibles con . Actualmente, son 10 países de América Latina los que han aprobado disposiciones paritarias en listas electorales. La mayoría tiene al menos cuotas (como el Perú). Asimismo, hay otros países, como Colombia, con cuotas en el Ejecutivo.

En órganos de justicia tenemos ejemplos como la Corte Penal Internacional, con composición paritaria, 50/50 hombres y . Lo establece el Estatuto de Roma, tratado ratificado por el Perú (2001). Es difícil afirmar que una corte de tal nivel como esta no tenga los más altos estándares de meritocracia. También hay países como Bélgica, que han establecido paridad en su Consejo Superior de Justicia, o Ecuador, cuya Constitución dispone “propender” a la paridad en su función judicial. Otros tienen disposiciones alternativas para promover la participación de las mujeres. Es el caso de España, cuyo Consejo General del Poder Judicial dispone tribunales calificadores paritarios y que, en concursos de la carrera judicial, ante iguales calificaciones se debe optar por la candidata mujer.

¿Para qué? Los casos mencionados combinan la competencia basada en la meritocracia con mecanismos afirmativos. Ello en la búsqueda de un fin último, el bien común.

Tener más mujeres ayudaría, por ejemplo, a enfrentar mejor la emergencia nacional que vive el país: la violencia de género. Más de 650 denuncias de violación sexual a niñas de 9 años o menos en un año (2017) no son hechos “aislados”.

En España, a raíz del caso de La Manada, de una violación múltiple, los jueces y la sociedad entera comprobaron los vacíos de su legislación (los presuntos violadores están con libertad condicional, sentenciados solo por “abuso sexual”). Se formó una comisión que, por estricto orden, fue conformada solo por hombres. Ante la necesidad de legislar incorporando la mirada de las mujeres, se optó por un nuevo comité, paritario.

Tener más mujeres en el sistema de justicia ayudaría a la recuperación de su legitimidad. Recordemos las marchas #NiUnaMenos y sus reclamos frente a Palacio de Justicia.

Hasta hace solo 3 décadas, las leyes permitían “arreglar” violaciones con una boda e impedían a una mujer aducir maltrato para divorciarse (salvo que hubiera sevicia, es decir, crueles y reiteradas palizas). Más mujeres en el Congreso ayudaron a estos cambios.

¿Las mujeres ya tienen igualdad? Hay otra razón más para implementar mecanismos afirmativos en puestos públicos: promover un servicio civil más justo para las mujeres funcionarias, superando las barreras de los sesgos machistas. Según Servir, el 49% de nuestras funcionarias tienen nivel universitario, frente al 38% de sus pares varones. Sin embargo, solo 3 de cada 10 puestos de dirección los ocupan mujeres. En el Poder Judicial sí hay juezas (conforman más de la mitad de los juzgados de paz). Pero van disminuyendo conforme se sube de nivel. Así, en el último CNM solo había una de siete miembros (14%). En el anterior, ninguna.

Más mujeres en puestos claves tiene, además, un efecto positivo en las nuevas generaciones, ahora niñas. Ya no más “no es de niñas...”.

Ciertamente, hacen falta más cambios para alcanzar una sociedad igualitaria para mujeres y hombres. Compartir las tareas de la casa, para que ellas también puedan desarrollarse en el espacio público, es fundamental. Y desterrar prejuicios machistas que alimentan la discriminación y violencia contra niñas y mujeres. Este tipo de cambios, como otros, solo puede darse desde la escuela, pero también con acciones desde las distintas instituciones. Por ejemplo, con mecanismos como la paridad.