¿Hacia una ley “general” agraria?, por Jorge Toyama

Las características negativas del mercado laboral peruano se trasladan al mundo agrario: alta informalidad, baja productividad y subempleo; pero la realidad de los trabajadores agrarios es muy distinta en la micro y pequeña agricultura respecto de la mediana y grande.

La gran mayoría de trabajadores agrarios es independiente (dos millones) o labora para microempresarios (dos millones). Es un sector poco atendido históricamente por el Estado. La tasa de informalidad llega al 99% y los promedios de ingresos apenas superan el 50% del mínimo vital. He vivido mi infancia en el mundo rural, donde el trabajo es tradicional, hay poca presencia estatal y la ayuda más relevante en las últimas décadas ha sido el bono universal rural otorgado por la pandemia.

Es indispensable que el Estado dedique atención a este sector. Aquí está la inmensa mayoría de trabajadores del campo que labora y hace posible la alimentación de todos los peruanos. Se necesita financiamiento, cadenas logísticas, colaboración técnica, subsidios, fomento para ventas directas y todo esfuerzo para que el campo no se siga despoblando y empobreciendo más. Lamentablemente, ni la derogada ley agraria ni la que está preparando la comisión especial del Congreso toman en cuenta a este colectivo de pequeños agricultores.

Por otro lado, existen alrededor de 300 mil trabajadores asalariados que laboran en la mediana y gran empresa. Este es el foco de la ley que se está debatiendo. Poco más del 80% de los trabajadores es formal, tiene seguro social y pensiones y el pago de sus beneficios sociales, siendo el ingreso promedio mensual 1.500 soles aproximadamente.

Una ley per se no volverá formales a los trabajadores ni asegurará ingresos mayores. La nueva ley debería generar las condiciones mínimas para que las empresas sean sostenibles y los trabajadores reciban (y perciban) los beneficios de la formalidad.

Como vemos, el problema del agro es del país. Sugerimos por ello una ley general agraria que comprenda a todos: los agricultores independientes, las microempresas y sus trabajadores, así como la mediana y gran empresa.

La nueva norma debería comprender las políticas generales del país; las prioridades del Estado y su competencia nacional, regional y local; el régimen tributario aplicable a cada categoría de empresas; las reglas laborales específicas para cada uno; el acceso a la seguridad social (especialmente para independientes); el fomento financiero, comercial, técnico, etc. con énfasis en la microempresa y agricultores independientes; las fiscalizaciones con priorización en los sectores informales. Además, debería existir disposiciones para regular la transición y la liquidez de los trabajadores que se podrían afectar por los pagos diarios a semestrales de la CTS y gratificaciones.

Lo más relevante en realidad es que el Estado implemente una política nacional a favor de la protección social. Todos los ciudadanos, del campo y la ciudad, debemos tener seguridad social permanente. Equiparar en importancia tener un DNI con tener el carnet del seguro social masivo, debería ser la prioridad.