Hacia una regeneración de la vida política peruana

Hoy es Domingo de Resurrección, ocasión propicia para renovar las cristianas fe y esperanza de una vida mejor. Es momento apropiado para pensar en cómo cumplir con la bicentenaria promesa de un Perú próspero, justo y equitativo; tiempo de regenerar la política y de resucitar, una vez más, como país. Lo hicimos hace tres decenios al superar el terrorismo y la hiperinflación, y también hace 21 años, cuando dejamos atrás el autoritarismo y la corrupción*. Es hora de hacerlo nuevamente.

El reiterado desperdicio de oportunidades para enmendar el rumbo, la demostrada incapacidad de gestión, la negativa a designar funcionarios competentes y honestos, y los graves indicios de corrupción dejan poco espacio para pensar en que el presidente de la República y las autoridades del Poder Ejecutivo tendrán un súbito ataque de sensatez y mejorarán su desempeño. Las continuas referencias al pueblo que suponen representar pretenden disimular y esconder, con éxito cada vez menor, que sus promesas populistas son incumplibles, que sus decisiones perjudican a los más vulnerables y necesitados, y que varias de sus actuaciones contravienen el espíritu de la Constitución y las leyes.

Las desatinadas iniciativas legislativas del Congreso, aprobadas apresuradamente y sin adecuado debate, están destruyendo la precaria institucionalidad lograda mediante el esfuerzo de funcionarios comprometidos con la prosperidad y el bienestar ciudadano. La complicidad de algunos congresistas con las venalidades del Ejecutivo, la exhibición de evidentes conflictos de intereses y la frivolidad de muchas de sus iniciativas amenazan con deteriorar aún más la representación ciudadana y la gestión pública.

Con notables y honrosas excepciones, los políticos en el Ejecutivo y el Legislativo no representan ni responden a los intereses de la ciudadanía. Todas las encuestas de opinión coinciden en reportar que más de las tres cuartas partes de la población rechazan al gobierno y al Congreso. Esto indica que los canales políticos existentes no transmiten ni reflejan las preocupaciones de las grandes mayorías en todo el territorio nacional, quienes exigen con voz cada vez más estridente “que se vayan todos”.

Cuando se agotan las instancias políticas para defender la institucionalidad democrática, el bien común, el bienestar y la seguridad de la población, solo queda la opción de que la ciudadanía manifieste y haga respetar su soberanía.

Las movilizaciones y protestas en diversas partes del país durante las últimas semanas dan testimonio de que la paciencia ciudadana se está agotando, y que la calle podría ser un factor determinante en el proceso de regeneración política. Sin embargo, el descontento popular podría llevarnos a situaciones aún más caóticas, sea ya mediante una salida totalitaria que eliminaría nuestras libertades, o a través de la cacofonía de un asambleísmo peligrosamente anárquico.

No obstante, existe también un canal institucional para renovar la política: el adelanto de las elecciones generales. Demandas para que el Ejecutivo y el Congreso recorten sus mandatos han sido ya reconocidas y renuentemente aceptadas como legítimas por autoridades de ambos poderes. Por lo tanto, una posibilidad es que Gobierno y Congreso acuerden hacerlo, y que organicen una transición concertada y ordenada. De no ser este el caso, queda abierta la opción de recurrir a la iniciativa ciudadana de recoger firmas para renovar el liderazgo político deficiente que tenemos en la actualidad.

Una agenda para hacer realidad cualquiera de las opciones de regeneración política incluye, en primer lugar, la preparación de propuestas consensuadas para modificar la Constitución y la legislación electoral. Existen avances en esta dirección, con iniciativas para asegurar una mejor representación en el Congreso y para designar autoridades competentes y honestas en el Ejecutivo. El siguiente paso es conformar un grupo de trabajo que integre las diversas propuestas y llegue, a la brevedad posible, a un acuerdo sobre las reformas que nos acerquen a gobiernos y Parlamentos comprometidos con el bien común, el interés público y el bienestar general.

Un segundo punto de la agenda consiste en elaborar un programa mínimo de medidas para recuperar y fortalecer las instituciones públicas, acompañado de un conjunto limitado de iniciativas de políticas de desarrollo para resolver los problemas urgentes de la población. Estas serían implementadas por el Gobierno y el Congreso que reemplacen a las autoridades actuales. Diversos grupos han sugerido prioridades: fortalecimiento del servicio civil y la descentralización, medidas para que personas idóneas integren la administración pública, y lucha contra la corrupción; políticas de recuperación económica, reducción de desigualdades y apoyo a los más vulnerables; mejora y ampliación de la provisión de servicios de salud, educación y saneamiento; seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y combate a las actividades ilegales; y fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, protección del medio ambiente, y uso sustentable de nuestros recursos naturales, entre otras.

Si no se materializa la opción de que Ejecutivo y Congreso acuerden adelantar las elecciones generales, el tercer punto de agenda consistiría en organizar la recolección de firmas para modificar la Constitución y reformar la legislación electoral. Se tiene ya experiencia con la recolección de firmas, así como una apreciación sobria y realista de lo que esto involucra. El proceso se inicia con la presentación del texto con reformas constitucionales y legislativas a la ONPE, que luego entrega a los organizadores el diseño de los planillones para la recolección de firmas. En paralelo, es necesario crear una organización para reproducir, distribuir, recolectar y procesar los planillones de firmas, y para conformar y entrenar a las brigadas de recolección y acopio de por lo menos 76.000 firmas. A continuación, se requiere digitar los registros y digitalizar los planillones para que los revise y verifique el Reniec. Esto toma tiempo y requiere recursos financieros que deberán recabarse en forma transparente y registrarse debidamente. Finalmente, una vez que se cuente con el número requerido de firmas, la propuesta de modificación constitucional y legal es remitida por el JNE al Congreso, donde debe ser aprobada por la mitad más uno de los congresistas (66 votos) y luego sometida a referéndum.

Estas opciones de renovación política conducen al adelanto de las elecciones generales. No obstante, recordemos que hemos visto en los últimos comicios, y a lo largo de nuestra bicentenaria historia, a líderes y movimientos políticos renegar de sus promesas e incumplir sus compromisos, tales como respetar los procesos y resultados electorales. Es algo que los ciudadanos debemos tomar en cuenta para no elegir candidatos hipócritas y embusteros, que tanto daño nos han hecho y nos siguen haciendo.

La tarea de revitalizar y regenerar las instituciones políticas y del Estado es un desafío para los líderes de las diferentes vertientes de la vida nacional en todo el país y en especial en las regiones, que tienen mucho que aportar para cumplir la promesa de la vida peruana. Demanda un amplio y sostenido compromiso ético y democrático que se materialice en iniciativas ciudadanas convergentes y coordinadas. Requiere, además, un liderazgo político compartido sin exclusiones ni protagonismos. En este proceso de aprendizaje social y ejercicio responsable de derechos y deberes ciudadanos, deben participar asociaciones regionales, gremios empresariales, sindicatos laborales, colegios profesionales, instituciones académicas, organizaciones de base, instituciones religiosas y grupos de defensa de derechos, así como personalidades y líderes reconocidos y respetados por la población en todo el Perú. Esto es lo que exigen las circunstancias actuales: manos y mentes a la obra.

* Sagasti, F. (2001). Después del domingo de resurrección. Caretas, 1666, 30–31. Disponible en: https://franciscosagasti.com/site/wp-content/uploads/2022/04/2001-Caretas-Despues-del-domingo-de-resurreccion.pdf