Ilegal y predecible, por Karen J. Greenberg

Gran parte de la discusión tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani se ha centrado en la legalidad del ataque: si su muerte se llevó a cabo mediante “asesinato” o “asesinato selectivo”. Los funcionarios estadounidenses han elegido este último y han sostenido que se justificaba como acto de autodefensa. El general Soleimani, dicen, estaba “planeando activamente” una “gran acción” que habría costado “cientos de vidas”, lo que representaba una amenaza inminente. Otros, como los senadores demócratas Bernie Sanders y Elizabeth Warren, han rechazado con razón el término “asesinato selectivo” y lo han calificado de asesinato.

La distinción es importante como cuestión de política y estrategia, y también de derecho.

En 1975, el Comité de la Iglesia, un grupo selecto del Senado, inició una investigación sobre las actividades de las agencias de inteligencia de EE.UU., alentada por los informes de intentos de asesinato encubiertos de líderes extranjeros. El comité concluyó que el asesinato era “incompatible con los principios, el orden internacional y la moral estadounidenses”. En su informe final se recomendó la prohibición del asesinato en ausencia de guerra y excepto en casos de peligro inminente. Aunque el Congreso no aprobó ninguna ley en este sentido, el entonces presidente Gerald Ford emitió una orden ejecutiva en 1976 que prohibía el asesinato político.

Desde esa orden ejecutiva, algunos presidentes han reclamado la autoridad para eludir la prohibición. Después de los ataques del 11 de setiembre del 2001, los “asesinatos selectivos” se convirtieron en la nueva rúbrica empleada para esquivar la prohibición de los asesinatos. Bajo los presidentes George W. Bush y Barack Obama, la autoridad ejecutiva para llevar a cabo estos asesinatos selectivos se amplió.

Bush autorizó unos 50 ataques, pero la política cobró fuerza con Obama. Los abogados de su administración razonaron que, a pesar de la prohibición de los asesinatos, los “asesinatos selectivos” contra agentes no estatales fuera de la zona de hostilidades activas y en casos de amenaza inminente eran lícitos como actos de autodefensa en el contexto de la guerra contra el terrorismo. Con ello autorizaron un programa que dio lugar a cientos de ataques que causaron la muerte de miles de presuntos terroristas y un número incalculable de civiles. El programa ha adquirido una energía renovada bajo el presidente Donald Trump.

Defendiendo la política, Obama afirmó que el uso de ataques selectivos reduciría el riesgo de “crear más enemigos”. Pero, según todos los testimonios, el asesinato del general Soleimani ha provocado lo contrario: fue un ataque lanzado con una falta de respeto a la ley y a la costumbre y ha llevado a amenazas de represalias violentas. El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, ha calificado al general Soleimani de mártir y ha llamado a una “severa venganza”.

Al emplear el eufemismo de “asesinato selectivo” para un miembro de un Estado soberano, la Administración Trump ha expuesto las suposiciones erróneas y el peligroso legado que supone la política de asesinato selectivo de la guerra contra el terrorismo. Una política que intentaba acordonar la guerra contra el terrorismo a las reglas de la guerra y que racionalizaba la expansión de la autoridad ejecutiva sin la aprobación del Congreso, sentó las bases para el asesinato de la semana pasada y su desencadenamiento de amenazas de represalias.

Estados Unidos e Irán están ahora en un estado de guerra con cualquier otro nombre. La expectativa de que la reacción podría limitarse por decreto ha demostrado ser una ilusión. Hemos llegado peligrosamente lejos, parece, del llamado de John Adams por “un gobierno de leyes, no de hombres”.

–Glosado, traducido y editado–

© The New York Times