Informalidad peruana, por Elmer Cuba

La reducción de la informalidad ha sido escogida como una de las principales metas del gobierno. Pero la formalidad tiene varias dimensiones. Dependiendo de qué transacciones se hacen de espaldas a las normas legales vigentes, se habla de diversos tipos de informalidad.

En ese sentido, existe informalidad empresarial, tributaria y laboral. A veces los tres tipos coinciden, otras no. Es decir, existen empresas que no operan bajo la normatividad de su sector. Otras que sí lo hacen, pero evaden impuestos y tienen trabajadores dependientes al margen de las leyes laborales. 

Cada tipo de informalidad tiene sus propias causas. La informalidad minera, pesquera, industrial, de construcción y servicios reflejan las normativas sectoriales, tributarias y laborales. Pero, sobre todo, reflejan la productividad de las firmas y las personas.   

Las metas gubernamentales se han planteado sobre la formalización laboral. La meta anunciada  por el presidente y refrendada por el jefe del Gabinete es duplicar la misma, de tasas actuales de 30% de la fuerza laboral ocupada hasta un 60% hacia el 2021. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el pedido de facultades, acaba de reducir la meta de formalización laboral. Ahora solo sería 40% al 2021. Mucho cambio en tan pocas semanas.

La informalidad laboral tiene dos partes: la de empleados dependientes y la de los trabajadores independientes. Los primeros pueden trabajar tanto en empresas formales como informales. Si se trata de empresas formales, entramos en el campo de la Sunafil. Si se trata de empresas informales, entramos en el mundo desconocido. No existen para el Estado. No son “multables”.  

Si hablamos de los independientes informales, estamos hablando de los que trabajan y no tienen RUC. Taxistas, estibadores de mercado, recicladores, cobradores de combi, choferes, gasfiteros, obreros de construcción civil, lavacarros, guardianes. ¿Con solo darles un RUC los vuelven formales?

Los trabajadores dependientes informales son cerca del 40% de la fuerza laboral. Casi la mitad de ellos trabaja en empresas formales y la otra en empresas informales. Sin embargo, la mayoría (el 30%) son trabajadores independientes. Esperemos que la meta del gobierno para duplicar la formalización laboral haya tomado en cuenta esas disquisiciones. 

La propuesta del gobierno es que con diferentes esquemas tributarios (Impuesto a la Renta e IGV), las empresas se formalicen primero y luego paguen sus impuestos y contraten con las leyes laborales vigentes.

Según diversos estudios, se ha encontrado que la formalidad está relacionada con la calidad de los servicios públicos, la capacidad de hacer cumplir las leyes, marcos normativos rígidos, el capital humano y el tamaño de la población rural y agrícola. Ahora bien, estas asociaciones estadísticas no implican necesariamente causalidad.

En general, si las empresas y las personas fuesen más productivas, las leyes menos rígidas y su cumplimiento menos flexible, habría menos informalidad empresarial y laboral. Ese es el camino correcto. Es largo, pero es el definitivo. Sobre la calidad de los servicios públicos es más discutible la causalidad. 

Por otro lado, también se puede decir que la formalidad está muy correlacionada con el PBI per cápita. Pero de ahí no es útil colegir que entonces con el crecimiento económico desaparecerá la informalidad. Existen políticas que pueden influir directamente en la formalidad, mientras que el desarrollo económico hace su trabajo.

Existen otros estudios que vinculan la formalización con el crecimiento económico. Aquí la causalidad sí entra en problemas. Ambos fenómenos parecen ir de la mano y, en todo caso, es más plausible que vayan de crecimiento económico a la formalización y no a la inversa. Si de pronto relajásemos toda la normatividad vigente que define la informalidad misma, no ocurriría mucho sobre las firmas y los trabajadores realmente existentes. En este sentido, parece excesiva la confianza del gobierno sobre la meta del 5% de crecimiento durante el quinquenio gracias a la formalización laboral.

El MEF ha publicado también unas estimaciones acerca de los efectos de la formalización sobre los ingresos fiscales. Hay que tener cuidado con ese tipo de resultados econométricos. Pueden estar escondiendo la relación entre países desarrollados e ingresos tributarios. Si se avanza 10 puntos porcentuales en formalizar a trabajadores de bajos ingresos en firmas de subsistencia o a trabajadores independientes, es difícil pensar en incrementos de recaudación del orden de US$2.800 millones y menos de US$6.400 millones, como sugieren esas estimaciones.

En definitiva, que la agenda de formalización ocupe tan alto lugar entre las prioridades del gobierno entrante es algo que tenemos que saludar. Está en el discurso de 28 de julio, en el del voto de confianza del Gabinete de Fernando Zavala y en el Marco Macroeconómico Multianual del MEF. Podríamos decir que así como el gobierno anterior acuñó la frase “incluir para crecer”, este se definiría con la frase “formalizar para crecer”.  

Lamentablemente, los primeros instrumentos anunciados no parecen ser los más poderosos, pero es un buen comienzo, si no arriesgan los resultados fiscales.