Ingreso básico universal: mala idea, por Daron Acemoglu

La falta de una red de seguridad social adecuada en EE.UU. y otros países desarrollados impulsa el interés por propuestas para la creación de un ingreso básico universal (IBU). La brecha entre los ricos y el resto se ha ampliado en años recientes, y muchos temen que la automatización y la globalización la ensanchen todavía más.

No hay duda de que si la única opción es entre el empobrecimiento masivo y un IBU, es mejor lo segundo. Pero la del IBU es una idea defectuosa, sobre todo porque sería extremadamente cara, a menos que se acompañe de grandes recortes en el resto de la red de seguridad. En Estados Unidos, un IBU de solo US$1.000 al mes costaría unos US$4 billones al año, cifra cercana a todo el presupuesto del 2018. De no mediar grandes ahorros en otras áreas, habría que duplicar la recaudación impositiva de Estados Unidos. Y no: un IBU permanente no puede financiarse con deuda pública o emisión monetaria.

Sacrificar todos los otros programas sociales en aras de un IBU es una pésima idea. Esos programas encaran problemas concretos. ¿Qué sería vivir en una sociedad donde hay niños que pasan hambre y personas con enfermedades graves que carecen de atención adecuada porque toda la recaudación se dedica a mandarles un cheque cada mes a todos los ciudadanos, millonarios incluidos?

Lo del IBU queda bien para un eslogan, pero como política, es una idea endeble. De la teoría económica básica se deriva que los impuestos a los ingresos son distorsivos en la medida en que desalientan el trabajo y la inversión. Además, un gobierno no debería transferir dinero a la persona a la que le cobra impuestos, pero eso es lo que haría un IBU.

Además, ya hay una propuesta para una política más razonable: el impuesto negativo sobre los ingresos, o lo que a veces se denomina “ingreso básico garantizado”. En vez de darle a todo el mundo mil dólares al mes, un programa de ingreso garantizado solo transferirá dinero a personas cuyo ingreso mensual sea menor a esa cifra, de modo que su costo será muchísimo menor al de un IBU.

Los defensores del IBU dirán que un programa de transferencias que no sea universal tiene el defecto de que no suscitará tanto apoyo; pero es una crítica infundada. Un ingreso básico garantizado sería tan universal como el seguro nacional de salud, que en vez de hacer una transferencia mensual a todos, solo beneficia a los que lo requieren.

Finalmente, el entusiasmo que genera el IBU se basa en gran medida en una interpretación errada de las tendencias de empleo en las economías avanzadas. Contra lo que suele creerse, no hay pruebas de que el trabajo tal como lo conocemos vaya a desaparecer en poco tiempo. En realidad, la automatización y la globalización están reestructurando el empleo, eliminando ciertos tipos de trabajo y aumentando la desigualdad. Pero en vez de crear un sistema en el que una gran fracción de la población recibe una limosna, deberíamos adoptar medidas para alentar la creación de empleos. El IBU no hace nada de esto.

En Estados Unidos, las prioridades políticas tendrían que ser la cobertura universal de salud, prestaciones de desempleo más generosas, programas de recapacitación mejor diseñados y una ampliación del sistema de crédito fiscal para personas de bajos ingresos. Por el lado de las empresas, reducir los costos indirectos y las cargas sociales que pagan los empleadores al contratar alentaría la creación de empleo, una vez más, por mucho menos que el costo de un IBU.

Y en particular, estas soluciones potencian la política democrática. No puede decirse lo mismo de un IBU, repartido desde arriba para aplacar a las masas descontentas. Esta medida no empodera a sus destinatarios. Las propuestas para un IBU son “pan y circo”: dádivas para desactivar el descontento en vez de ofrecerles oportunidades económicas y poder de decisión política.

En cambio, el estado de bienestar moderno que tan bien funcionó en los países desarrollados no fue una dádiva de magnates y políticos. Buscaba proveer seguridad social y oportunidades a la gente. Y fue resultado de la política democrática. El documento fundacional del estado de bienestar británico (el Informe Beveridge) fue una respuesta tanto a las demandas políticas como a las penurias económicas. Se intentó proteger a los desfavorecidos y crear oportunidades.

Muchos problemas sociales derivan de que hemos descuidado el proceso democrático. La solución no es repartir migajas para tener a la gente en sus casas, distraída y apaciguada. Necesitamos rejuvenecer la política, alentar el involucramiento cívico. Solo con una sociedad movilizada y políticamente activa podremos crear las instituciones que necesitamos para tener prosperidad compartida y proteger a los más desfavorecidos.

–Glosado y editado–