La integridad pública a la deriva, por Adrián Revilla

El 16 de diciembre del 2014, Proética (capítulo peruano de Transparencia Internacional, institución que lucha contra la corrupción) decidió suspender su participación en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) por considerar una falta de coherencia que el doctor Carlos Ramos Heredia, como fiscal de la Nación, estando cuestionado públicamente en su actuar por el Congreso y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), integre la instancia nacional que debe velar por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Luego de la suspensión ordenada por el CNM, Proética decidió retomar su participación en la CAN. 

Acciones como las de Proética faltan en nuestro país, donde, por un equivocado concepto de tratar de quedar bien con todos, no se toman decisiones firmes frente a quienes atentan contra los principios y valores de una sociedad democrática. Por ello, en la edición 2014 del Índice de Percepciones de Corrupción de Transparencia Internacional, el Perú se ubica en el puesto 83, con un valor de 38 puntos. Si nos comparamos con otros países de la región, aparentemente quedamos entre los mejores, pero “mal de muchos consuelo de tontos”, pues la mejor calificación posible de 100 puntos está muy lejana. En realidad, tenemos una nota desaprobatoria, peor aun si tenemos en cuenta que desde hace más de una década aparecemos con una nota similar sin visos de mejoría. 

Entre el 2002 y el 2013, se dio una preocupación creciente por la corrupción que afecta al Estado, pero a su vez una tolerancia a actos de corrupción en trámites menores, así como una grave tasa de no formalizar denuncias que se conocen. En efecto, de cada diez peruanos que participaron o se vieron afectados por un acto de corrupción, solo uno se atrevió a denunciarlo. 

Entre las razones señaladas por los encuestados para no hacerlo confluyen el temor a las represalias por los denunciados y la creencia de que el soborno es el camino para superar las trabas burocráticas. Mientras muchos trámites dependan de la discreción de un funcionario, los incentivos para buscar agilizarlos serán altos.

Además, nos encontramos en un contexto que viene marcado por una seguidilla de escándalos, desencadenados en febrero del 2014 con el caso de César Álvarez y que mostró cómo las irregularidades y abusos se daban de forma extendida en los niveles de gobierno regional y municipal, salpicando incluso al ámbito nacional. En medio de los destapes, la procuraduría anticorrupción informó que 92% de los alcaldes del país estaban bajo investigación. Meses después, en las recientes elecciones, se ha elegido a presidentes regionales con acusaciones de corrupción, incluso algunos con prisión preventiva o que no pagaron su reparación civil. Esto nos demuestra que las áreas más afectadas tienen que ver con las adquisiciones públicas y las ejecuciones de obras públicas. Si a esto se suma la práctica de la corrupción en trámites menores y, por otro lado, la presencia cada vez más perturbadora de actividades criminales vinculadas al contrabando, tráfico de madera ilegal, tráfico de personas, narcotráfico y minería ilegal, se tiene un mapa más o menos claro de qué retos enfrentamos como país en esta materia. 

Con el actual gobierno, el Estado Peruano recuperó la capacidad de plantear iniciativas para luchar contra la corrupción: se reanimó y fortaleció la procuraduría anticorrupción, se estableció un espacio de coordinación interinstitucional de alto nivel de las políticas anticorrupción (CAN) y se decidió participar de la Alianza Global para un gobierno abierto. Además, se relanzó la política de modernización de la gestión pública y, más importante, se articuló esta con buena parte de los esfuerzos señalados.

Sin embargo, el mencionado contexto de escándalos ha empañado todos esos esfuerzos, con el agravante que el Gobierno no ha sabido reaccionar con propiedad, enrareciendo más aun el ambiente, pues se ha extendido la sensación de que estamos a la deriva, a merced de poderes corruptos que amenazan desde todos lados. Es fundamental por ello que se retome el liderazgo y que se saneen las relaciones que echan sombra en las más altas esferas para que quede clara la ruta en materia anticorrupción, transparencia y modernización del Estado.