La contrarreforma universitaria: el mundo al revés

La reciente aprobación de la ley que cambia el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) no es el primer intento por perforar la reforma universitaria durante sus ocho años de existencia, pero es el más certero.

En el pasado, el Ministerio de Educación (Minedu) hacía una defensa férrea ante estas iniciativas legislativas con una intensa difusión de las razones técnicas y legales que sustentan la necesidad de continuar con el aseguramiento de las condiciones básicas de calidad en las universidades, o licenciamientos.

Lamentablemente, esta constante tensión no generó la confianza suficiente para impulsar un debate constructivo que promueva mejoras en el proceso de licenciamiento, tales como reducir su burocracia o aumentar la predictibilidad, dos de los pedidos más recurrentes por parte de las universidades reguladas.

A pesar de ello, el balance de los licenciamientos conducidos por la Sunedu es positivo: se denegó el funcionamiento a las universidades de baja calidad y, a su vez, se logró potenciar el sistema mejorando la infraestructura, aumentando los docentes a tiempo completo, multiplicando las investigaciones y patentes registradas, escalando posiciones de rankings internacionales, entre otros avances.

En la actualidad, el gran reto es minimizar el impacto en la continuidad educativa de los estudiantes de las universidades con licencia denegada, ya sea a través de un cese gradual de estas instituciones para que los estudiantes, de ciclos avanzados, obtengan sus títulos, o promoviendo traslados de los estudiantes, de ciclos más tempranos, a universidades o institutos con licencia.

De ser necesario, el Minedu deberá otorgar becas para la continuidad de estudios en instituciones privadas o también podría ampliar oferta en las públicas, sobre todo en aquellas regiones con una limitada oferta educativa con licencia.

Varios expertos e instituciones de prestigio hicieron un importante esfuerzo por difundir estos avances y retos de la Sunedu y, en ese contexto, alertaron sobre las potenciales afectaciones que los proyectos de ley, ahora aprobados, tendrían sobre los estudiantes universitarios.

Estos argumentos alcanzaron poca receptividad en los 68 congresistas, provenientes de todos los extremos ideológicos, que votaron a favor de cambiar la composición del Consejo Directivo de la Sunedu. Ahora, los miembros serán representantes de diversas instituciones que incluyen universidades privadas y públicas, y entre ellos elegirán al superintendente. Es decir, serán juez y parte.

Anteriormente, los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu eran elegidos por concurso público y solo el superintendente era designado por el presidente de la República a propuesta del ministro de Educación. Sin embargo, en la práctica, se designaron superintendentes que provenían del mismo consejo para seguir fortaleciendo la meritocracia en la institución.

En este sentido, un cambio aceptable en la norma pudo establecer que la designación del superintendente sea por concurso público para seguir reduciendo la posibilidad de que los intereses propios de las universidades o políticos se superpongan al interés superior del estudiante. Pero se hizo lo contrario.

En la nueva conformación de la Sunedu, si bien los representantes de las instituciones podrían hacer su mejor esfuerzo para dejar de lado los interés mercantiles o políticos, la confianza sobre sus decisiones no será la misma. Por ello, ningún organismo regulador de la inversión privada, por ejemplo, tiene representantes de los regulados en sus consejos directivos. Estos son elegidos por concurso público.

Pero la afectación de esta ley podría ser mayor, ya que también debilita el rol del Minedu en el sistema. Este rol fue fundamental para que las universidades públicas superen los retos de sus licenciamientos con inversiones que llegaron a los mil millones de soles y también fue decisivo para defender el carácter técnico y autónomo de la Sunedu frente a los continuos intentos por perforar la reforma universitaria. Como es evidente, ese rol fue débil en esta ocasión.

Cuando el Ejecutivo tuvo la oportunidad, por ejemplo, de observar el año pasado la ley que ampliaba el bachillerato automático, no lo hizo. Esta ley eliminó la obligatoriedad de presentar una tesina para la obtención del grado de bachiller desde el 2020 hasta el 2023, restando oportunidades para el desarrollo de habilidades de investigación en estos egresados.

Hace unos días, el presidente de la República cambió su curso de acción y anunció la decisión de observar la ley recientemente aprobada, acto seguido el ministro de Educación hizo lo propio. Coincidentemente, sobre ambos recaen acusaciones de plagio en sus tesis, lo que revela varias falencias del sistema dentro de las cuales está la débil regulación de las universidades cuando elaboraron sus investigaciones.

De ahí que una prueba ácida de su voluntad por defender las reformas educativas, y no simplemente explotar el contexto político a su favor, será la observación que deberán hacer de otra ley recientemente aprobada sobre materiales educativos que resta capacidad al Minedu para implementar el enfoque de género y la educación sexual integral.

Respecto a los 68 congresistas que votaron a favor de la ley, tendrán una segunda oportunidad de resarcimiento cuando, luego de la observación, de seguro se vote de nuevo su aprobación por insistencia. Y es que llama la atención que los extremos políticos generen tantas tensiones al momento de ponerse de acuerdo para una mejor gobernabilidad del país y que justo en iniciativas lejanas al bienestar ciudadano, como esta ley, exista tanto consenso. El mundo al revés.