La criminalización de todo

La abrupta salida del poder de Evo Morales ha causado nerviosismo a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Una nueva ola persecutoria ha sido desatada contra los ciudadanos que se atreven a desafiar al régimen, lo que podría convertirse en la chispa que produzca un reavivamiento de las protestas sociales.

Según la Alianza Cívica, las cárceles sandinistas todavía retienen ilegalmente a más de 130 presos políticos. Hace unas semanas, diez madres de algunos de los retenidos anunciaron el inicio de una huelga de hambre en las instalaciones de la iglesia San Miguel, en la ciudad de Masaya. La respuesta de Ortega fue tan desproporcionada como irrisoria: asignó un destacamento de más de 100 policías fuertemente armados para acordonar el edificio, les suspendió el servicio de agua y electricidad, y dio orden a sus esbirros para no dejar pasar agua ni medicamentos a los rehenes. “Aquí ustedes se van a morir”, vociferaron los policías.

La paranoia del régimen se encuentra en un nivel tan lacerante que actos humanitarios como la donación de botellas de agua a los manifestantes se ha convertido en un delito. Trece personas fueron detenidas por la policía por llevar ayuda humanitaria a los rehenes de la iglesia San Miguel, entre ellos Amaya Coppens, líder estudiantil que fue liberada en junio tras permanecer varios meses en la cárcel por su participación en las protestas de abril del 2018. Además de Coppens, fueron apresados varios miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) bajo cargos de “tenencia de armas y explosivos”, y porque “tenían contemplado seguir realizando actos terroristas en Managua, León y Chinandega”, según los voceros de la policía.

El resquebrajamiento de las bases del orteguismo, sin embargo, ya se comienza a vislumbrar. Edén Pastora, exguerrillero y uno de los pocos sandinistas históricos que se mantiene del lado de los Ortega Murillo, habló recientemente sobre la necesidad de “reestructurar el partido sandinista” y agregó que “debe ser mediante la reactivación del congreso del partido que se debería escoger al sucesor de Ortega”, distanciándose así de la indiscutida designación a dedo de los herederos del poder en Nicaragua. Para Dora María Téllez, historiadora y dirigente del partido Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), estas declaraciones representan una corriente dentro del orteguismo que calladamente se distancia de las posiciones más autoritarias de la familia presidencial.

Daniel Ortega, en una alocución ante los países del ALBA, hizo referencia al papel del Ejército y la policía en el caso de Bolivia, y agregó que estas instituciones “son determinantes para inclinar la balanza a favor del capital y del imperio, o a favor de los pueblos”. Muy consecuente con su discurso, y para garantizar la connivencia del Ejército de Nicaragua, Ortega decretó la extensión del mandato del jefe del Ejército por cinco años más. Así, el general Julio César Avilés Castillo, incondicional de los Ortega Murillo, cumplirá al final del nuevo término 15 años consecutivos al mando del Ejército.

Por otro lado, Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de los dictadores, se autodenominó líder de un nuevo movimiento denominado 4 de Mayo. Por medio de un pronunciamiento, aseveró amenazante que “la libertad no se conquista con flores, sino a balazos”, lo que revela sin tapujos que la intimidación, las detenciones ilegales, las desapariciones y las muertes son el ‘leitmotiv’ de la dictadura de Ortega.

Ayer, además, se reunió el Consejo Permanente de la OEA para recibir el informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua. En el documento, se concluye que se ha producido “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”. Y entre sus recomendaciones se hace hincapié en la necesidad de que el gobierno cumpla el acuerdo que suscribió en marzo pasado con la finalidad de iniciar un proceso de reforma electoral con miras a las elecciones del 2021.

La intensificación de la arbitrariedad y la violencia por parte del Estado y de las fuerzas paramilitares afines al régimen se ha atizado debido a la certidumbre de una coyuntura cada vez menos propicia entre sus propias bases, una comunidad internacional más atenta y presta a establecer sanciones a su círculo más íntimo, y ante el ejemplo del inevitable destino de Evo Morales en Bolivia.